Besosa niega la absolución perentoria a Héctor Martínez y a Juan Bravo (vertical-x1)
Héctor Martínez (en la foto) y Juan Bravo enfrentan un juicio nuevo por un cargo de soborno. (Gerald López Cepero)

El juez federal Francisco Besosa rechazó este miércoles en la tarde conceder una absolución perentoria al exsenador Héctor Martínez y al empresario Juan Bravo, a pesar de que su defensa insistió en que no existía evidencia de que hubiera un “acuerdo corrupto” entre el dúo y el ministerio público admitió que solo contaba con prueba circunstancial para probar su caso.

Martínez y Bravo enfrentan un juicio nuevo por un cargo de soborno.

El juicio continúa mañana a las 9:00 a.m. La defensa no informó hoy si presentará prueba o someterá su caso.

Los fiscales Peter Koski, Monique Abrishami y Gwendolyn Stamper alegan que Bravo pagó a Martínez un viaje a Las Vegas  para ver la pelea entre Félix “Tito” Trinidad y Ronald “Winky” Wright el 14 de mayo de 2005 a cambio de que el entonces presidente de la Comisión de Seguridad Pública impulsara dos medidas que favorecían a su empresa de seguridad Ranger American. El exsenador Jorge de Castro Fonto también asistió a la pelea.

Pero en sus turnos, el licenciado Reid Weingarten quien encabeza la defensa de Bravo, y Abbe Lowell, quien encabeza la defensa de Martínez, destacaron los silencios y las inconsistencias en la prueba presentada por los fiscales en las pasadas tres semanas.

En una sala sin público, Weingarten repasó la acusación que el Estado presentó contra Bravo y cuyas imputaciones se basaron en información que brindó de Castro Font, cuyo nombre retumbó insistentemente en sala del juez Besosa  durante el juicio, pero quien no ocupó el banquillo de los testigos.

Leyendo fragmentos de la acusación, Weingarten resaltó que el Estado alegó que en febrero del 2005, Bravo ofreció un viaje a Las Vegas a de Castro Font en medio de una conversación sobre medidas legislativas. Bravo impulsaba un proyecto para establecer un código de conducta para los centros comerciales y una enmienda a la Ley de Detective Privado. De Castro aceptó la invitación.

En esa conversación, Bravo pidió a De Castro que extendiera la invitación a Martínez. Según, el Estado de Castro  compartió la invitación con su homólogo, quien también aceptó la invitación.

Coetáneo a esa fecha, de Castro dictó un memorando a un asistente donde consignó que la medida de Bravo se atendería “fast track” o a toda prisa.

La acusación, además, alegó que durante el viaje a Las Vegas el trío conversó sobre los dos proyectos, que meses antes Martínez presentó a su nombre y para el análisis de la Comisión de Seguridad Pública, y que Bravo instruyó a de Castro a destruir los recibos de los boletos de avión para demostrar que los boletos se pagaron con efectivo.

“Estas alegaciones no se probaron. Aquí hay un fallo masivo de prueba”, insistió Weingarten.

Durante el juicio, no quedó claro quién pagó por los boletos de avión de Martínez y de De Castro Font.

Los fiscales sentaron a declarar a la dueña de la agencia de viajes Travel Boutique, Carmen Ruiz, quien mencionó que recibió una llamada de la secretaria de Bravo para que realizara reservaciones de viaje para Bravo y Martínez. Ruiz no precisó quién pagó por los boletos.

Además, el testigo Carlos Díaz de Hostos declaró que recibió dos boletos de avión -uno para él y otra para su entonces jefe de Castro Font- en la oficina de un contratista de nombre Tato Lebrón. Nunca vinculó los boletos de avión a Bravo.

La evidencia tampoco demostró que Bravo pagó por la totalidad de la estadía en el Mandalay Bay en Las Vegas. Los recibos presentados al jurado revelaron que de Castro Font pagó por uno de los días, que Martínez y él  pasaron en la conocida hospedería de la llamada Ciudad del Pecado.

De regreso a la Isla, el trío pasó una noche Marriott Stanton South Beach en Miami, que Bravo pagó con una tarjeta de crédito corporativa.

La prueba también demostró que el viaje a Las Vegas surgió en una sobremesa entre Bravo y unos amigos, quienes solían realizar este tipo de peregrinación juntos.

“Las inconsistencias demuestran que Héctor Martínez y Jorge de Castro Font se sumaron al viaje a Las Vegas a última hora”, machacó Weingarten.

Más allá de las incongruencias con la evidencia, Weingarten y Lowell insistieron en que cercanía entre las fechas en que se presentaron las medidas que impulsaba Bravo y el viaje a Las Vegas no constituía prueba suficiente para establecer un “quid pro quo” o el intercambio de un bien a cambio de acción oficial.

“No existe evidencia de un acuerdo ilegal”, aseguró Wingarten.

Lowell insistió en el asunto de las fechas. Citando jurisprudencia, recordó que para que se configuren los elementos de un cargo de soborno el regalo u objeto de valor tiene que darse antes de la acción oficial o en este caso la promesa del viaje a Las Vegas tenía que darse antes de que Martínez hubiera expresado su interés en las medidas.

Afirmó que cuando se recibe un regalo después de un acto oficial se trata de una regalía, una conducta no criminalizada.

Lowell recordó que las medidas siguieron un trámite ordinario y que la evidencia demostró que ese asunto no se discutió en el viaje a Las Vegas.  Ambos proyectos fueron aprobados en el Senado, poco después del viaje, con el voto mayoritario de rojos y azules.

“Aquí se está pidiendo que las inferencias se estiren demasiado lejos”, apuntaló el abogado.

Indicó también que las fechas coincidían de manera incidental y por la naturaleza misma del proceso legislativo.

En su turno de réplica, Koski reconoció que su caso estaba basado solo en prueba circunstancial y que no existía prueba directa para demostrar que Bravo sobornó a Martínez.

“Esto es un caso de prueba circunstancial. No hay evidencia directa. No llamamos a Jorge de Castro Font porque no teníamos que hacerlo”, aseveró el fiscal.

Recordó que para esta etapa de los procedimientos el juez debe analizar las circunstancia en la “luz más favorable al Estado” y pidió permitir que jurado evalué la prueba.

Aseguró que el “tiempos” en este caso eran “impresionantes” y que demostraban la conexión en los hechos alegados.

Apuntó que Martínez presentó el proyecto para establecer el código de conducta en los centros comerciales el mismo día en que Bravo compró los boletos para la pelea y que la medida bajó a votación unos días después del viaje a Las Vegas.

Como parte de su argumentación, también señaló que la prueba demostraba que Bravo pagó “por lo menos pagó parte del viaje”

“Esto no era un viaje para establecer una reserva de buena voluntad o cultivar una amistad”, ripostó el fiscal.

Martínez y Bravo enfrentan juicio por segunda vez. Inicialmente un jurado los encontró culpables por supuestamente conspirar, junto al otrora senador De Castro Font, para aprobar dos medidas que favorecían a la compañía de seguridad Ranger American de Bravo. Ahora el dúo solo enfrenta un cargo de soborno.

El Primer Circuito de Apelaciones de Boston revocó el veredicto de culpabilidad del jurado porque Besosa erró al impartirle las instrucciones y no explicar la diferencia entre regalía y soborno.

Según el Apelativo, el artículo del Código Penal federal que los fiscales imputan al dúo solo criminaliza el soborno y no las regalías. La diferencia entre ambas conductas estriba en el momento del obsequio. Un soborno se realiza para que un funcionario tome una acción determinada, pero una regalía se configura cuando el regalo se ofrece después del acto y como agradecimiento, no para influenciar.

El caso llegó al Tribunal Supremo de Estados Unidos debido a un planteamiento de doble exposición, pero la curia resolvió que “el componente de la cláusula de doble exposición no prohíbe al Gobierno de volver a llevar a juicio a los acusados, luego que un jurado emitió veredictos inconsistentes de convicción y absolución, y la convicción es luego dejada vacante por un error legal no relacionado con la inconsistencia”.


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