En un primer juicio, Juan Bravo y Héctor Martínez resultaron culpables y cumplieron cerca de un año de cárcel. (horizontal-x3)
En un primer juicio, Juan Bravo y Héctor Martínez resultaron culpables y cumplieron cerca de un año de cárcel. (Gerald López Cepero)

Como el boxeador que escapa cuando su contrincante lo pincha contra las sogas del cuadrilátero, esta tarde la defensa del exsenador Héctor Martínez inició el contrainterrogatorio a su exasesor, Víctor Rivera Torres, golpeando fuerte.

En la mañana el abogado y amigo del expolítico penepé, declaró que el empresario Juan Bravo le entregó dos borradores de medidas relacionadas a la industria de la seguridad.

Dirigido por las preguntas de la fiscal federal Monique Abrishami, él explicó que Bravo visitó la oficina de Martínez en dos ocasiones diferentes, entre finales de febrero e inicios de marzo de 2005, para entregar las propuestas, que eventualmente presentó el entonces senador y presidente de la Comisión de Seguridad Pública.

En el segundo día del desfile de prueba del juicio que se sigue contra Martínez y Bravo por un cargo de soborno, Rivera Torres identificó las actas y hojas de asistencia de las vistas públicas en las cuales se discutió el proyecto del Senado 410 para crear el Código de Protección y Seguridad de Visitantes, Empleados e Inquilinos de Centros Comerciales, y el proyecto 471 para crear la Ley de Agencias y Guardias de Seguridad Privada de Puerto Rico.

Los documentos presentados al jurado -compuesto por siete hombres y cinco mujeres- revelaron que Martínez fue el único miembro de la Comisión de Seguridad Pública que participó en las vistas celebras el 12 de abril para discutir el proyecto 410 y el 20 de abril para discutir el proyecto 471.

Abrishami también siguió una línea de preguntas para establecer que Bravo fue el único representante de la industria de la seguridad que compareció a ambas vistas y que el Senado aprobó las medidas unas semanas después de un viaje a Las Vegas, que, según el Ministerio Público, Bravo costeó como parte de un soborno a Martínez para que apoyara sus medidas.

Pero en la tarde, a preguntas del licenciado Abbe Lowell, el cuarto testigo de cargo identificó que documentos que consignaban que el Capítulo de Puerto Rico del International Council of Shopping Centers también había entregado "a la mano" -en la oficina de Martínez- un borrador del proyecto 410.

Ese borrador era similar a la copia que presentó Bravo y al proyecto que se había sido discutido el año anterior en Cámara de Representantes previamente. La Policía había avalado la medida, que en ese momento impulsaba el entonces representante Aníbal Vega Ramos.

Apuntó que esa medida la atendió la Comisión de Seguridad Pública, que presidía Martínez, pero el secretario del Senado también la remitió a la Comisión de lo Jurídico que presidía el entonces senador José Emilio González y la Comisión de Comercio, Turismo y Urbanismo que presidía el entonces senador Roberto Arango.

"Cuando se redactó la medida, ¿Héctor Martínez le pidió que hiciera algo para que no pareciera que la medida venía de un grupo externo?",preguntó el abogado.

"Nunca", respondió el testigo.

La medida, que no encontró tropiezos en las comisiones que la evaluaron, siguió el trámite ordinario y el Senado eventualmente la aprobó el 23 de mayo de 2015. Recibió 24 votos a favor. El senador Cirilo Tirado estuvo ausente, la exsendora Norma Burgos se abstuvo y la exsenadora María de Lourdes Santiago le votó en contra.

Pese a que en su testimonio a la fiscal Abrishami había indicado que solo Bravo aparecía deponiendo en las vistas, reconoció que la Cámara de Comercio depuso en las vistas públicas y que envió la medida a su cliente Northwestern Security para una opinión, que aseguró nunca recibió.

Como parte de su testimonio, Rivera Torres aceptó que hubo una medida que precedió 471, el segundo proyecto impulsado por Martínez que también siguió el trámite ordinario. 

En respuesta a una pregunta de Lowell, leyó parte del acta de la vista pública de la medida que iba a reemplazar la antigua Ley de Guardias Privadas que databa del 1965, donde Bravo comparecía como presidente de American Ranger y representante dela Asociación de Empresarios de Agencias de Seguridad.

Con la lectura de la primera oración del acta de la vista del 20 de abril de 2005, el abogado trató de establecer que Bravo representaba otros intereses y no los suyos solamente.

El testigo, además, aceptó que, si bien la medida podía crear un monopolio para las compañías de seguridad grandes, por otro lado, mejoraba las condiciones de trabajos de los guardias de seguridad y regulaba una industria que necesitaba reglas para atemperarse a los tiempos.

La medida, que el Senado aprobó el el 17 de mayo de 2005, recibió 26 votos a favor y solo el voto en contra de la exsenadora María de Lourdes Santiago.

Como parte de su testimonio, Rivera Torres ofreció detalles de una conversación que escuchó a finales de marzo y luego de que Bravo llevara a la oficina de Martínez las medidas que impulsaba.

Ante el juez federal Francisco Besosa, Rivera Torres relató que se encontraba sentado en una mesa en la oficina de Martínez cuando escuchó a Bravo, Jorge de Castro Font, Carmelo Ríos y Martínez conversar sobre el viaje a Las Vegas para asistir a la pelea de Félix "Tito" Trinidad y Ronald "Winky" Wright el 14 de mayo de 2005. Bravo, de Castro Font y Ríos estaban reunidos con Martínez.

"Estaban contentos porque iban para pelea", afirmó el testigo.

"Ahí es que Juan Bravo me dice: ¿quieres ir a Las Vegas? Yo le dije que no me interesaba, que no me gustaban los aviones", agregó.

Rivera Torres de cargo apuntó que luego de que Bravo se marchó le dijo a Martínez que no era propio realizar el viaje porque el empresario, que para ese momento presidía Ranger American, tenía dos medidas ante la consideración de la Comisión de Seguridad Pública.

"No me dijo nada", respondió a preguntas de la fiscal.

Rivera Torres también atestiguó sobre una visita que Martínez le hizo el 3 de noviembre de 2009. Ese día el entonces senador llegó a la residencia de su amigo y exasesor, quien no le respondía sus llamadas.

El testigo explicó que no atendía las llamadas porque el 23 de septiembre del 2009 lo habían visitado dos agentes del FBI y "me había empezado la paranoia de la investigación federal".

Narró que habló con Martínez en la terraza de su casa luego de quitarle la batería a los celulares de ambos.

En esa conversación, el exsenador le contó que Bravo le compró el pasaje de avión a Las Vegas y que con los puntos de la tarjeta de su amigo José Torres logró un "upgrade" a primera clase. Tanto Torres como Martínez viajaron en primera clase, según Torres Rivera.

Además, Martínez le dijo que se había quedado en la habitación de Torres en el Mandalay Bay durante la estadía en Las Vegas, pero no le reveló quien le compró la taquilla de entrada a la pelea.

"Me dijo que no podía ir preso por un pasaje de avión", afirmó Rivera Torres.

Durante el contrainterrogatorio, Lowell también machacó en el asunto de las fechas para establecer que Martínez endosó y presentó la medida antes del viaje a Las Vegas. Las vistas públicas también se realizaron antes de del viaje.

El asunto de las fechas constituye un elemento importante que el Estado tiene que establecer para probar el cargo de soborno.

El testimonio de Rivera Torres continúa el lunes. Lowell todavía no ha terminado su turno de preguntas. También falta el contrainterrogatorio de Reid weingarten, abogado de Bravo y el redirecto del Ministerio Público.

En un primer juicio, Bravo y Martínez resultaron culpables y cumplieron cerca de un año de cárcel. Pero el Primer Circuito de Boston revocó las convicciones por un error que cometió Besosa al dar una instrucción al jurado relacionada a la diferencia entre soborno y una gratuidad. 


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