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La jueza Lauracelis Roques. (GFR Media/Archivo) (Ramón Tonito Zayas)

La presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Nivia Fernández, y la rectora del recinto de Río Piedras, Carmen H. Rivera, podrían ir a prisión el lunes si para esta fecha los portones del campus permanecen cerrados y no se reanudan las clases.

Esta fue la advertencia que hizo la jueza Lauracelis Roques Arroyo luego de que el abogado de la UPR, Enrique Figueroa, notificara esta tarde al tribunal lo que todo el país conoce: que el recinto de Río Piedras sigue cerrado.

La magistrada hizo la advertencia sobre el posible encarcelamiento de las dos funcionarias y ordenó a la representación legal que presente una moción para mostrar causa para que no sean consideradas incursas en desacato.

El martes, Roques Arroyo determinó imponer una multa de $5,000 a la UPR por incurrir en desacato luego de que no abrieran los portones del recinto e incluso añadió una multa diaria de $1,000 al recinto.

Figueroa notificó que pagaron la multa de $5,000, pero mostró dudas sobre si la institución también tenía que pagar hoy los $1,000. La jueza le aclaró que igualmente tenían que hacer el pago de $1,00 hoy y el abogado contestó que de no reabrirse los portones mañana, se emitiría un pago de $2,000 para cubrir la deficiencia.

Roques Arroyo le aclaró otra duda: la multa diaria incluye sábados y domingos.

Al salir de sala, Figueroa no abundo qué pasos legales tomaría la universidad para reabrir el recinto riopedrense y se negó a divulgar de dónde provienen los fondos para pagar las multas. Ni la rectora de Río Piedras ni Fernández estuvieron en la vista.

“No tengo nada que añadir. Todo está sobre la mesa”, dijo mientras salía a toda prisa del piso 9 del Tribunal de San Juan. “Tenemos un plan, pero no se puede discutir, es una estrategia legal”, agregó.

Ayer Roques Arroyo mencionó en sala que la institución podía, entre otras alternativas, someter una reconsideración al Tribunal de Apelaciones o pedir auxilio al Tribunal Supremo.

El abogado de los demandantes, Pedro Vázquez Pesquera, afirmó que el anuncio de la jueza le sorprendió y hasta expresó solidaridad con su colega abogado.

“Nos sorprendió un poco la firmeza de la juez. Entendíamos que en alguno momento esta determinación iba a ocurrir, pero ciertamente no esperábamos que sería tan pronto y con tanta firmeza. La jueza le está diciendo a todas las personas en la universidad a lo que se exponen, que es el arresto”, dijo.

Vázquez Pesquera dijo que la UPR no ha tomado pasos para reabrir los portones, “así que no hay mucho que informar” al tribunal.

“El licenciado ha hecho el mejor trabajo que ha podido.Cuando tienes un caso difícil, es difícil presentar en el tribunal… no podemos presentar argumentos superfluos y él conoce su trabajo. Está haciendo un excelente trabajo”, dijo.

Este caso emana de una demanda presentada por cinco estudiantes que le reclaman a la administración de la UPR que se reabran los portones.

Inicialmente Roques Arroyo decidió que los demandantes no habían probado daño irreparable pero el Tribunal de Apelaciones la revocó, devolviendo el caso a su sala.

Los demandantes son: Anamar Menéndez González, Rosaima E. Rivera Serrano, Carlos Vicente Villegas del Valle, Edwin Francisco Rivera Otero y Gabriela Firpi Morales. En medio del litigio una sexta estudiante, Astrid Burgos, se unió como demandante.

El recinto riopedrense está cerrado desde el 28 de marzo.


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