Defensa de Martínez y Bravo continúa con estrategia de tambalear la teoría de la fiscalía federal (horizontal-x3)
En este caso, Martínez, entonces presidente de la Comisión de Seguridad Pública, presentó un proyecto para crear un código de conducta en los centros comerciales y una medida para enmendar la Ley de Detective Privado. (Luis Alcalá del Olmo)

Como en el juego de Jenga, la defensa del exsenador Héctor Martínez y del empresario Juan Bravo continuó hoy, viernes, con su estrategia de retirar poco a poco los “bloques” que apoyan la teoría del Ministerio Público en el caso federal que se sigue contra ambos.

Por segundo día consecutivo, los abogados defensores presentaron prueba que tambalea la “torre” o tesis de los fiscales federales Peter Koski, Monique Abrishami y Gwendolyn Stamper.

Según el ministerio fiscal, Bravo regaló a Martínez regaló a Martínez un viaje a Las Vegas para ver la pelea entre Félix “Tito” Trinidad y Ronald “Winky” Wright a cambio de que apoyara dos medidas que favorecían a su empresa Ranger American.

Un proyecto establecía un código de conducta en los centros comerciales y el otro enmendada la Ley de Detective Privado, que data del 1965.

Pero como un jugador que retira un bloque que inclina la “torre” de Jenga, el secretario del Senado, Manuel Torres, declaró hoy que ambas medidas siguieron un trámite ordinario en el Senado.

Ante el juez federal Francisco Besosa, Torres explicó el proceso de presentación y aprobación de una medida, un trámite que supervisa la Oficina de la Secretaría del Senado.

Apuntó que sucede con frecuencia que grupos de interés  o ciudadanos lleven sus propuestas o proyectos a senadores con jurisdicción sobre los temas que les afectan.

“Normalmente el senador, cuando entiende que la idea es buena o que beneficia al País, la presenta bajo su nombre”, afirmó Torres a preguntas del licenciado Keith Rosen, quien forma parte del equipo legal de Martínez.

En este caso, Martínez, entonces presidente de la Comisión de Seguridad Pública, presentó un proyecto para crear un código de conducta en los centros comerciales y una medida para enmendar la Ley de Detective Privado.

Ayer, el administrador de  DDR Corporation, Francis González, indicó que el comité de seguridad del  International Council of Shopping Centers (ICSC) redactó un borrador del código de conducta que entregó a Martínez en una reunión celebrada el 23 de febrero de 2003 en la oficina del exsenador en el Capitolio.

Hoy, Torres indicó que asignó número a las medidas y que las refirió a las comisiones correspondientes para estudio.

También identificó la hoja de votación de cada medida, que el Senado aprobó por abrumadora mayoría, una el 17 de mayo y la otra el 23 de mayo.

Momento en que Juan Bravo llega al Tribunal federal. (Luis Alcalá del Olmo)

Como parte de su testimonio, Torres observó que el trámite de aprobación del código de conducta se extendió al periodo de 45 días que en el 2005 se había establecido como tiempo límite para analizar y aprobar un proyecto en la Cámara Alta.

“No”, respondió el testigo sobre si había detectado algo impropio en el trámitede las medidas de Martínez.

En un intento por evitar que los bloques de su teoría cayeran al suelo, la fiscal Stamper cambió la estrategia de la fiscalía federal que hasta el momento había establecido que Bravo de forma solitaria impulsaba con prisa el código de conducta para el beneficio de su negocio, para intentar establecer que Martínez dilató el proceso de aprobación de la medida para procurar “apoyo político”.

Pero siguió una línea de preguntas confusa, que denotaba desconocimiento del proceso legislativo y que requirió la intervención del juez para aclarar sus preguntas al testigo. Stamper solo logró que Torres respondiera en varias ocasiones que presentar cartas o cabildear formaba parte del proceso típico de legislación.

Hoy también declaró el amigo de Bravo y presidente de Caribbean Auto Processing & Logistics, José Llama Izquierdo, quien corroboró la versión de Leornado Campo, un testigo del ministerio público.

Campo, amigo de Bravo y presidente de la compañía de seguros Westley & Company, explicó la semana pasada que la idea de viajar a Las Vegas para ver la pelea surgió durante un almuerzo entre Bravo y otros amigos en el desaparecido restaurante "Los Chavales", en Hato Rey.

Sentado frente a un jurado compuesto por siete hombre y cinco mujeres, Campo relató que  compró siete boletos al entonces promotor de Don King en la Isla, José “Pantalones” Santiago. Cuatro boletos eran para Bravo y tres para el testigo.

Llama aclaró este viernes que Bravo adquirió un boleto para él como regalo de cumpleaños, pero que finalmente no viajó a la llamada Ciudad del Pecado porque a última hora decidió participar en un carreta de botes en Tennessee.

En la acusación, el ministerio público alegó que Bravo compró los boletos con la intención de sobornar a Martínez.

Pero los abogados de defensa han presentado prueba para establecer que Martínez y el otrora senador Jorge de Castro Font se unieron al viaje a última hora y no como parte de un acuerdo.

Martínez y Bravo enfrentan juicio por segunda vez. Inicialmente un jurado los encontró culpables por supuestamente conspirar, junto a De Castro Font, para aprobar dos medidas que favorecían a la compañía de seguridad Ranger American de Bravo. Ahora el dúo solo enfrenta un cargo de soborno.

El Primer Circuito de Apelaciones de Boston revocó el veredicto de culpabilidad porque Besosa erró al impartirle las instrucciones al jurado y no explicar la diferencia entre regalía y soborno.

Según el Apelativo, el artículo del Código Penal federal que los fiscales imputan al dúo solo criminaliza el soborno y no las regalías.

El caso llegó al Tribunal Supremo de Estados Unidos debido a un planteamiento de doble exposición, pero la curia resolvió que "el componente de la cláusula de doble exposición no prohíbe al Gobierno de volver a llevar a juicio a los acusados, luego que un jurado emitió veredictos inconsistentes de convicción y absolución, y la convicción es luego dejada vacante por un error legal no relacionado con la inconsistencia".

El juicio continúa el lunes.


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