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Rosa Lydia Vélez. (GFR Media/Archivo)

El gobierno de Puerto Rico, amparado en la petición de quiebra que radicó la Junta de Supervisión Fiscal bajo el Título III de la ley federal PROMESA, pidió hoy, viernes, al Tribunal de Primera Instancia en San Juan la paralización del caso Rosa Lydia Vélez.

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La demanda en cuestión se radicó el 1980 por padres que alegaron que sus hijos con impedimentos no recibían los servicios de educación especial a los cuales tenían derecho.

En el recurso, la administración de Ricardo Rosselló argumentó que “procede la paralización automática”.

“La presentación por el gobierno de Puerto Rico de la petición tiene el efecto inmediato y directo de paralizar toda acción civil que cualquier persona natural o jurídica haya iniciado, intente continuar o de la cual solicite ejecución de una sentencia contra el gobierno, mientras los procedimientros de quiebra se encuentran pendientes ante el tribunal”, lee el documento radicado esta mañana.

La defensa también sostuvo que para que la paralización ocurra no es necesaria la notificación previa porque la quiebra es suficiente para que ocurra de manera automática. 


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