Los cargos contra cuatro alumnos no prosperaron

Anoche, la jueza Geisa M. Marrero Martínez, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, halló causa para arresto contra siete de los 11 estudiantes que enfrentaban la posibilidad de cargos criminales por irrumpir en medio de una reunión de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Verónica del Carmen Figueroa Huertas, Francisco A. Santiago Cintrón, Thaliangelly Torres González, Randiel J. Negrón Torres, Gabriel Díaz Rivera, Juan Carlos Collazo Vázquez y Paola Alexa Figueroa Carrasquillo fueron imputados por los artículos 156 de restricción a la libertad, 179 por violar el derecho a reunión y 245 por empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública.

Los hechos se remontan al pasado 27 de abril, en el edificio de la administración del Jardín Botánico de Río Piedras, cuando un grupo de estudiantes interrumpió una reunión del cuerpo rector de la universidad para exigir un compromiso de los administradores universitarios en contra de los recortes presupuestarios para la institución.  

Ahora, cada uno de los detenidos encara una fianza de $6,000. De ser encontrados culpables, se exponen a penas de entre seis meses y ocho años de prisión.

La vista preliminar quedó pautada para el 23 de mayo. 

Reacción de fiscalía y defensa 

No obstante, pese a que resultaron airosos cuatro de los universitarios también señalados, identificados como Mikael Eded Rosa Rosa, Juan Carlos Silén Hernández, Ernesto Alejandro Beltrán Feliciano e Ileana Marie Ayala Fontanez, la fiscal Yanira Colón señaló que irá en alzada, ya que entiende que tiene un caso sólido. 

Sin embargo, el licenciado Frank Torres Viada, representante legal de Ileana Ayala, se mostró conforme con la determinación.

“Tal como anticipamos esta mañana, el interés público falló crasamente en la presentación de la prueba contra nuestra representada. La honorable magistrada que presidió los procedimientos acaba de hallar no causa en los seis delitos que le fueron imputados a esta joven. Nosotros esperamos que el ministerio público no cometa el error de continuar utilizando los fondos públicos del pueblo puertorriqueño en tiempos de crisis y acuda en alzada para solicitar una nueva determinación sobre este asunto”, expresó el letrado, que calificó el proceso como arbitrario y caprichoso que lo que busca es acallar el movimiento estudiantil.

Asimismo, el licenciado Alvin Couto dijo que “en corte se aquilató la prueba, y creo que hay muchos elementos contradictorios. Los abogados pudieron probar que la prueba presentada tenía historias encontradas y eso logró que cuatro de ellos salieran y les quitaron los delitos más graves, como escalamiento agravado que son 18 años”.

Por su parte, Mariana Nogales Molinelli, representante de otros clientes, manifestó que “el llamado es a que las personas, ante el clima de mayor represión, que se ha ido recrudeciendo el País, salgan a la calle. Mientras continúen arrestando manifestantes, así mismo los abogados y abogadas vamos a continuar defendiéndolos”, dijo Nogales Molinelli que entiende que el activismo continuará creciendo.

Previo a las determinaciones de la jueza, la abogada Wilma Reverón Reverón, copresidenta del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano y quien se encontraba en la sala donde se llevaba a cabo la vista para apoyar a dos de los estudiantes implicados, Francisco y Mikael, se mostró sorprendida ante los procedimientos.

"Sí, esto es algo atípico", alegó Reverón a preguntas de la prensa sobre por qué un procedimiento judicial de la Regla 6 se había extendido tanto y continuó hasta tarde en la noche. Según dijo, además de cinco testigos y un vídeo que muestra el incidente ocurrido el pasado 27 de abril, la jueza Marrero también tuvo ante su consideración siete declaraciones juradas.


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