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Héctor O’Neill.

La secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez, refirió hoy a la Oficina delPanel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) al alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill, por imputaciones de hostigamiento sexual contra una agente de la Policía Municipal.

“La recomendación dispone que entendemos en el Departamento de Justicia que existe causa suficiente para creer que el alcalde O’Neill pudo haber incurrido en 20 violaciones de ley”, expresó la titular de Justicia, quien estuvo acompañada por la fiscal Lynette Velázquez Grau, quien lideró la investigación que tomó 56 días.

Entre las posibles violaciones, están tres disposiciones a la Ley 54 por maltrato psicológico o emocional con quien se tuviese o haya tenido una relación consensual, maltrato mediante restricción a la libertad y agresión sexual. 

Otras tres violaciones responden a los Artículos 135 y 136 del Código Penal correspondientes acoso sexual y exposiciones obscenas contra dos perjudicadas.

La investigación demostró además causa suficiente por violaciones a los artículos 252 y 281 del Código Penal de 2012, por aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos y por impedir o persuadir la incomparecencia de testigos. 

Además, podría haber violentado cuatro instancias el Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental por utilizar sus deberes y las facultades de su cargo o la propiedad y fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o una personal privada o negocio cualquier beneficio que no esté permitido por ley.  

“En el caso del alcalde O’Neill se realizó la investigación preliminar como corresponde en ley y hoy está siendo referida por parte del Departamento de Justicia. Nosotros, en este Departamento, no podemos acusar ni arrestar ni destituir al señor Alcalde. Corresponde a la Oficina Especial del Fiscal Especial Independiente conforme a su ley habilitadora el evaluar y determinar si procede la radicación de cargos y cualquier recomendación administrativa con relación a la suspensión del Alcalde”, señaló Vázquez.

O'Neill fue notificado esta mañana que fue referido para la designación de FEI.

“En el análisis legal que se hizo nadie puede negociar el silencio de ningún testigo”, detalló la funcionaria al agregar que este señalamiento se refiere, además, al acuerdo previo a la investigación con una de las víctimas el cual disponía que éste no podía declarar al recibir una determinada cantidad de dinero.

Referente a ese acuerdo por $350,000 el cual alcanzó el alcalde con una de sus víctimas, Vázquez indicó que la transacción fue parte de la investigación. Sin embargo, la Ley del FEI requiere que para que Justicia proceda con algún señalamiento o recomendación con relación a cualquier delito relacionado con dinero, la agencia debe contar con declaraciones juradas.

 “Los testigos fueron entrevistados, pero en ausencia de que estas personas quisiera prestar declaraciones juradas, el Departamento de Justicia lo que hizo fue que le recomendó en ese informe al Panel que evalúe si hubo ilegalidad o algún esquema en la forma y manera que se hicieron esos pagos”, detalló.

El informe de Justicia contiene 53 páginas e incluye entrevistas, documentos, declaraciones juradas de situaciones narradas por dos perjudicadas, la agente de la policía municipal y otra empleada municipal, y análisis legal con la recomendación de la designación de un FEI. La investigación preliminar duró 56 días.

En la mañana, dijo, fue diligenciado el referido y se notificó al alcalde de Guaynabo.

A preguntas sobre si el anuncio, realizado justo el día del Paro Nacional, respondía a alguna estrategia, Vázquez alegó que no. 

“El Departamento de Justicia va a hacer las investigaciones y las va a informar cuando estén disponibles. Para este Departamento, como ustedes pueden ver, es un día normal del trabajo, aquí sobre el 90% de los empleados están aquí. Ya estaba en nuestro plan de trabajo, así que no había ninguna razón para que nosotros cambiáramos nuestros planes”, sostuvo. 


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