Héctor Martínez a su llegada al Tribunal Federal. (horizontal-x3)
Héctor Martínez a su llegada al Tribunal Federal. (Luis Alcalá del Olmo)

No se trató de un esfuerzo aislado y solitario del entonces presidente de American Ranger, Juan Bravo. Otros miembros de la industria de los centros comerciales participaron en la redacción y el cabildeo de una medida, que proponía crear un código de conducta para los centros comerciales.

La medida tampoco beneficiaba a la compañía de seguridad de Bravo o le aseguraba ingresos adicionales, aseguró hoy Francis González, administrador de la empresa DDR, una compañía que administra 14 centros comerciales en la Isla y quien en el 2005 dirigía el capítulo de Puerto Rico de la organización InternationalCouncil of Shopping Centers (ICSC).

Ante el juez federal Francisco Besosa, quien preside el juicio nuevo que se sigue contra Bravo y el exsenador Héctor Martínez, González explicó que el comité de Seguridad de la ICSC redactó una propuesta de proyecto para crear un código de conducta en los centros comerciales.

La medida buscaba para atender escenarios de conducta inapropiada que ocurrían en estos espacios de compra y paliar un oleada de crímenes violentos, que se registró en la Isla en el 2004.

Bravo y otros directivos o jefes de seguridad de varios centros comerciales formaban parte del grupo de trabajo que elaboró el borrador.

Sentado ante un jurado de siete hombres y cinco mujeres, el segundo testigo de la defensa relató que esa medida se le presentó en las postrimerías del 2004 a la asesora en seguridad de la entonces gobernadora Sila Calderón, la ahora fiscal Wilda Nin, y al superintendente de la Policía Agustín Cartagena.

Por recomendación de Nin, quien avalaba la medida, la ICSC retomó el cabildeo del proyecto en el 2005 cuando estrenó el nuevo gobierno del gobernador Aníbal Acevedo Vilá y la legislatura dominada por el Partido Nuevo Progresista. También discutió el asunto del código para los centros comerciales en el encuentro anual de la ICSC celebrado los días 20 y 21 de enero del 2005.

Dirigido por las preguntas del licenciado Reid Weingarten, quien encabeza la defensa de Bravo, González contó que el 23 de febrero del 2005 entregó una carta a la mano a Martínez, entonces presidente de la Comisión de Seguridad Pública con una copia del borrador que su organización impulsaba durante un encuentro en el Capitolio.

En esa reunión, que se celebró en la oficina del senador Martínez en el Senado, participaron Bravo, Franklin Domenech, gerente general de Plaza Las Américas, Jorge Torres, Caratini de Plaza San Francisco, y Rolando Albino de Plaza del Sol.

"Me sentí optimista, sentí que la medida tenía posibilidades de pasar", afirmó González sobre la sensación que obtuvo del encuentro con Martínez.

Este testimonio así como los testimonios de Domenech y de Jesús Manuel García Vélez, coordinador de seguridad de Plaza Las Américas, entraron en contradicción con las declaraciones del exasesor de Martínez, Víctor Rivera, quien dijo que Bravo le había entregado personalmente una copia del borrador durante una visita a la oficina (cuya fecha no recordó) y deshila la teoría del Ministerio Público de que Bravo promovía la medida solo y para adelantar su propio interés.

En su testimonio Rivera aseguró que ningún grupo visitó la oficina de Martínez entre el 23 y 24 de febrero para entregar un borrador.

"No es que no recuerdo, es que nunca los vi", afirmó Rivera a preguntas del licenciado Abbe Lowell cuando ocupó el banquillo de los testigos.

Pese que Rivera no recordó la fecha exacta en que Bravo supuestamente le entregó el borrador del proyecto para el código de conducta de los centros comerciales, identificó la hoja de fax con fecha del 24 de febrero del 2005 que acompañó la copia del borrador que envió a un cliente privado suyo para comentarios.

Rivera tampoco recordó que miembros del ICSC, que cuenta con 150 a 160 miembros en la Isla, depusieron en las vistas públicas que celebró la Comisión de Seguridad que presidía Martínez para atender la medida que el propio senador presentó bajo su nombre.

Hoy González mencionó su participación en la audiencia e identificó dos cartas que envió a Martínez el 8 y 12 de abril del 2005 cabildeando y expresando su apoyo a la medida.

El testigo también señaló que la aprobación del código de conducta no trajo consigo ingresos adicionales para las compañías de seguridad que administran los centros comerciales.

La medida eventualmente pasó el cedazo del Senado y de la Cámara de Representantes. Acevedo Vilá la vetó, pero cuando el mismo proyecto se presentó dos años después lo convirtió en Ley.

En su turno, la fiscal Monique Abrishami trató de establecer que el testigo no estuvo presente cuando Bravo entregó copia del proyecto a Rivera y que la aprobación de dicho proyecto significaba ingresos adicionales para Bravo.

Pero González respondió que entendía que la medida se había aprobado por las cartas que envió a Martínez como parte del cabildeo que realizó y no como parte del viaje a Las Vegas.

Solo Rivera mencionó que Bravo le entregó personalmente una copia del borrador de la medida. El Ministerio Público no presentó a otro testigo o evidencia documental que corroborara dicha versión.

Con el testimonio de González como zapata, la defensa presentó lostestimonios de Domenech y de García Vélez para establecer que la redacción del proyecto del código de conducta de los centros comerciales se trató de un ejercicio colectivo que promovían diversos miembros de la industria.

Domenech, por ejemplo, apuntó que la aprobación de la medida no le agenció ingresos nuevos a Ranger American, compañía que provee servicios de seguridad a Plaza Las Américas. Por el contrario, en los pasados años y debido a la implementación de tecnología esa partida se ha reducido, aseguró el testigo.

García Vélez reveló detalles de un encuentro con Martínez durante la vista de confirmación de entonces nominado a superintendente Pedro Toledo el 8 de febrero de 2005. El testigo indicó que aprovechó esa ocasión para hacerle un acercamiento a Martínez para comentarle de la propuesta y que en este intercambio propició la reunión que celebró el 23 de febrero.

Una semana después, el 2 de marzo de 2005, Martínez presentó el proyecto para crear el código de conducta para los centros comerciales.

Según la teoría del Ministerio Público, Bravo pagó un viaje a Las Vegas a Martínez para ver la pelea entre Félix "Tito" Trinidad y Ronald "Winky" Wright el 14 de mayo del 2005 a cambio de su apoyo a dos medidas que favorecían su negocio.

La defensa también sentó a declarar a la mamá de Martínez, Persida Maldonado para establecer que el exsenador y el empresario se conocían desde hacía años.

Bravo tenía una tintorería en Isla Verde que Martínez y su mamá frecuentaban.

Martínez y Bravo enfrentan juicio por segunda vez. Inicialmente un jurado los encontró culpable por supuestamente conspirar, junto al otrora senador de Castro Font, para aprobar dos medidas que favorecían a la compañía de seguridad Ranger American de Bravo. Ahora el dúo solo enfrenta un cargo de soborno.

El Primer Circuito de Apelaciones de Boston revocó el veredicto de culpabilidad del jurado porque Besosa erró al impartirle las instrucciones y no explicar la diferencia entre regalía y soborno.

Según el Apelativo, el artículo del Código Penal federal que los fiscales imputan al dúo solo criminaliza el soborno y no las regalías.

El caso llegó al Tribunal Supremo de Estados Unidos debido a un planteamiento de doble exposición, pero la curia resolvió que "el componente de la cláusula de doble exposición no prohíbe al Gobierno de volver a llevar a juicio a los acusados, luego que un jurado emitió veredictos inconsistentes de convicción y absolución, y la convicción es luego dejada vacante por un error legal no relacionado con la inconsistencia".


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