La fiscalía federal somete su caso contra Héctor Martínez (horizontal-x3)
El otrora senador Héctor Martínez. (Gerald López Cepero)

Luego de sentar a declarar a 13 testigos, los fiscales federales Peter Koski, Monique Abrishami y Gwendolyn Stampler sometieron su caso en contra el exsenador Héctor Martínez y el empresario Juan Bravo en la tarde de hoy.

"The government rests", afirmó Koski ante un jurado de siete hombre y cinco mujeres.

El ministerio fiscal concluyó la presentación de su prueba después de que el juez federal Francisco Besosa leyó una estipulación al panel de juzgadores de hechos relacionada a la participación de Martínez en un gran federal en el 1999, que evaluaba prueba contra el exsenador Freddy Valentín.

En ese momento, según la breve estipulación, a Martínez se le apercibió de que recibir objetos de valor a cambio de actos oficiales podría constituir un delito.

Así las cosas, mañana a las 11:00 a.m. el juez Besosa celebrará una vista en la sala 9 para escuchar a los argumentos de las partes en torno a una moción de absolución perentoria de la defensa.

Martínez y Bravo enfrentan un juicio nuevo por un cargo de soborno.

En la tarde, el ministerio fiscal presentó a sus últimos tres testigos: Alina García, directora de finanzas del Marriott Stanton South Beach en Miami, Daniel Barber, gerente del Mandalay Bay Hotel y Sonya Pérez de Banco Popular.

A través del testimonio de García, la fiscal Stampler trató de resaltar los lujos y excesos que ofrecían las habitaciones donde se alojaron Bravo, Martínez y Jorge de Catro Font entre la noche y madrugada del 15 y 16 de mayo de 2005 a su regreso de Las Vegas, donde asistieron a la pelea entre Félix "Tito" Trinidad y Ronald "Winky" Wright.

García, quien no trabajaba en el hotel para esta época, también identificó el cargo de las habitaciones en una tarjeta de crédito corporativa de Bravo, entonces presidente de la compañía de seguridad Ranger American.

El licenciado Abbe Lowell, quien forma parte del equipo de abogados de Martínez, siguió una línea de preguntas para establecer que el trío solo pasó la noche en Miami en su viaje de regreso a la Isla sin disfrutar de las comodidades de la hospedería.

Con los testimonios de Barber y Pérez, los fiscales trataron de establecer que Bravo pagó por la primera noche que Martínez y de Castro Font pasaron en Las Vegas y que no existía evidencia de que el dúo reembolsó este dinero al empresario que impulsaba dos medidas presentadas por Martínez dos meses previo al viaje.

Sin embargo, los abogados Lowell y Keith Rosen llevaron a los testigos a reconocer de Castro pagó con su tarjeta de crédito por la segunda noche que éste y su colega pasaron en la hospedería, que cuenta con 4,000 habitaciones.

Lowell también realizó preguntas a la empleada de Banco Popular para demostrar que pese a que las cuentas de Martínez y su tarjeta de crédito no consignaban pagos a hoteles, contemplaban retiros de dinero en efectivo ascendentes a $1,700, dos semanas antes del viaje que el exsenador pudo usar para pagar por su estadía en la llamada Ciudad del Pecado.

Pérez reconoció que las tarjetas de crédito de Martínez no mostraban cargos sino que desde que asumió el cargo como senador solo había realizado pagos para acabar con la deuda.

En la mañana, el exgerente general de Loomis Fargo, Néstor Medina Agosto, reconoció esta mañana que la compañía de acarreo de valores operó en la Isla durante casi una década sin cumplir la Ley.

Medina Agosto explicó que la empresa pagó $200 mensuales adicionales al chófer Otilio Martínez para rentar su licencia de detective privado, un requisito que establece la Ley de Detective Privado, entre el 1998 y 2003.

Este estatuto, vigente todavía, estipula que el oficial ejecutivo principal de una compañía de seguridad debe tener una licencia de detective privado vigente para operar la empresa en Puerto Rico.

En la continuación del juicio federal que se sigue contra el exsenador Héctor Martínez y el empresario Juan Bravo, el décimo testigo de cargo admitió que la empresa incluyó el nombre y número de licencia de Martínez como oficial ejecutivo principal de Loomis Fargo en los documentos de renovación de licencia que anualmente sometía a la Policía, pese a que el empleado no era el funcionario a cargo de la operación del negocio.

"La corporación fue la que aceptó eso, no Néstor", respondió Medina Agosto a preguntas del licenciado Jason Weinstein.

Explicó ante el juez federal Francisco Besosa que después del 2003, la empresa nombró al vicepresidente de seguridad Richard Emanuelli, quien tenía una licencia de detective privado, para tratar de cumplir con el requisito de Ley.

Posteriormente y antes de abandonar el cargo en el 2008, Medina Agosto tomó los cursos y obtuvo la licencia de detective privado.

El testigo detalló que obtuvo la licencia luego de que Bravo, quien presidía la compañía American Ranger, demandó a Loomis Fargo por operar de manera ilegal en la Isla.

Medina Agosto aceptó que el Tribunal de Primera Instancia falló a favor de Bravo, una decisión que posteriormente refrendó el Tribunal de Apelaciones.

Pese a la decisión adversa, Loomis Fargo continuó operando en la Isla y según el testigo no perdió ni $1 de ingresos.

Medina también declaró que se oponía a un proyecto que Bravo impulsaba y que hubiera enmendado la Ley de Detective Privado al definir el cargo de principal oficial ejecutivo, precisamente el cargo que debía tener la licencia de detective privado.

A preguntas de la fiscal Monique Abrishami, el testigo indicó que se oponía a la medida porque aparentemente creaba un monopolio que hubiera beneficiado a la empresa American Ranger de Bravo.

Sin embargo, reconoció a preguntas de la defensa que el proyecto que enmendaba la ley de detectives privados y cobijaba a empresas de seguridad y de acarreo de valores, podía haber la intención de que empresas como Loomis Fargo "cumplieran con la ley".

Martínez y Bravo enfrentan juicio por segunda vez. Inicialmente un jurado los encontró culpables por supuestamente conspirar, junto al otrora senador De Castro Font, para aprobar dos medidas que favorecían a la compañía de seguridad Ranger American de Bravo. Ahora el dúo solo enfrenta un cargo de soborno.

El Primer Circuito de Apelaciones de Boston revocó el veredicto de culpabilidad del jurado porque Besosa erró al impartirle las instrucciones y no explicar la diferencia entre regalía y soborno.

Según el Apelativo, el artículo del Código Penal federal que los fiscales imputan al dúo solo criminaliza el soborno y no las regalías. La diferencia entre ambas conductas estriba en el momento del obsequio. Un soborno se realiza para que un funcionario tome una acción determinada, pero una regalía se configura cuando el regalo se ofrece después del acto y como agradecimiento, no para influenciar.

El caso llegó al Tribunal Supremo de Estados Unidos debido a un planteamiento de doble exposición, pero la curia resolvió que "el componente de la cláusula de doble exposición no prohíbe al Gobierno de volver a llevar a juicio a los acusados, luego que un jurado emitió veredictos inconsistentes de convicción y absolución, y la convicción es luego dejada vacante por un error legal no relacionado con la inconsistencia".


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