Michael Corona, abogado de los demandantes, explicó que el recurso legal también va dirigido a que el tribunal decrete que el uso del polígrafo en la Policía es ilegal. (horizontal-x3)
Michael Corona, abogado de los demandantes, explicó que el recurso legal también va dirigido a que el tribunal decrete que el uso del polígrafo en la Policía es ilegal. (Archivo/GFR)

Setenta y cuatro policías inundaron ayer la sala de la jueza Lauracelis Roques Arroyo en el Tribunal de San Juan, donde se atendió una demanda de injunction preliminar y permanente, con sentencia declaratoria con la que buscan invalidar sus traslados fuera del Negociado de Drogas y Control del Vicio (NDV).

Supuestamente, el grupo de policías falló a pruebas del polígrafo dirigidas a detectar posibles actos de corrupción, pero la Policía se niega a reconocer que esa es la razón de los traslados del grupo a la Superintendencia Auxiliar de Operaciones de Campo.

Michael Corona, abogado de los demandantes, explicó que el recurso legal también va dirigido a que el tribunal decrete que el uso del polígrafo en la Policía es ilegal y violenta el derecho a la intimidad de los policías.

En la vista de ayer, las fiscales Liany Vega Nazario y Alexandra Rivera, ambas del Departamento de Justicia, argumentaron de entrada que la Ley PROMESA dispone que todos los pleitos contra el Estado por cobro de dinero están paralizados.

“Nosotros desistimos de la reclamación de daños, pero sin prejuicio y la jueza lo aceptó”, dijo Corona.

El gobierno también argumentó que la reclamación de los demandantes debe atenderse primero por la vía administrativa en la Comisión de Apelaciones del Servicio Público. Corona indicó que Roques Arroyo les pidió a las partes que deben entregar el lunes una estipulación sobre qué hechos del caso no están en controversia. Dos días más tarde las partes deberán decidir si se llega a un acuerdo o si la intención es que se vea la vista en su fondo y ya Corona adelantó que quiere que se celebra la vista.

Según dijo, planifica sentar en la silla de los testigos a cada uno de los jefes de las divisiones de Drogas que componen el NDV y al menos a un coronel para que demuestren la teoría de los demandados de que los traslados de los policías -en total fueron 89- están fundamentados en que fallaron la prueba del polígrafo.

Los traslados fueron entregados el 27 de abril.

“El día 27 de abril citan a los directores de las divisiones en la mañana y a los agentes a la 1:30 p.m. en el anfiteatro del Cuartel General. En la mañana, los directores discuten con la coronel Diana Crispín (jefa del NDV) y los ayudantes de la superintendente anuncian que los traslados son porque se colgaron en la prueba del polígrafo”, dijo Corona al insistir que en la tarde un coronel le confirmó la información a un grupo de afectados.

El documento entregado, sin embargo, no especifica el motivo exacto del traslado y solamente alude a que el policía falló en uno de los requisitos necesarios para ser parte del NDV, según una orden general del año pasado.

Según Corona, jurisprudencia del Tribunal Supremo de 1986 (Ariel Arroyo vs. Rattan Special) concluye que el polígrafo no es un instrumento que mide “quién dice la verdad y quién miente. Además, es poco confiable y viola la intimidad de las personas y lo declara inconstitucional”, dijo.

Corona argumentó que algunas de las preguntas realizadas en las pruebas no eran cónsonas con las funciones del policía. Por ejemplo, que a una retén se le preguntara si había mentido en un tribunal.

“Además, los poligrafistas de la Policía no están cualificados”, dijo. “El polígrafo no lo pueden usar y punto”.

Los resultados de las pruebas del polígrafo no han sido entregados.

El uso del polígrafo como herramienta investigativa administrativa aparece en el reglamento de la Policía, donde también se señala que el agente se someterá al mismo de manera voluntaria. Sin embargo, según Corona, el agente que no se somete a la prueba es despedido.

Como resultado de la desarticulación de la pandilla Los Suricatos, que operaba en la División Drogas San Juan, en el 2015 el exsuperintendente José Caldero López ordenó las pruebas del polígrafo, pero le negó a Arnaldo Claudio, asesor técnico de la Reforma de la Policía, acceso a los resultados.


💬Ver 0 comentarios