Hiram Torres Montalvo

Tribuna Invitada

Por Hiram Torres Montalvo
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Candado a los vertederos tóxicos

Esta semana, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) emitió una orden administrativa sobre el vertedero de Toa Alta. Dicho documento cuenta con más de 50 páginas, en las que describe con detalles espeluznantes cómo el municipio ha descargado ilegalmente 30 millones de toneladas de residuos peligrosos, sobre cuatro millones de galones de lixiviados o líquido tóxico descargando en un acuífero nacional, en ríos y cerca de pozos de agua.

La EPA dijo que con esta orden se le iba impedir al vertedero aceptar más residuos y se cerrarían sus puertas. Sin embargo, esto es falso. La acción de la EPA no ha logrado ninguna de las dos cosas y, de hecho, el vertedero de Toa Alta puede seguir operando.

La agencia encargada de la protección ambiental reveló que el vertedero no tiene un liner para proteger las aguas subterráneas de la contaminación. Además, que no hay control de las emisiones de gases, a pesar de que esto es una amenaza de explosión y de residuos cancerígenos.

El documento dice que el vertedero derrama ilegalmente lixiviados tóxicos en grandes estanques sobre sumideros sin forro, sobre el North Coast Limestone Aquifer, que es un acuífero nacional, y en el Río La  Plata y sus afluentes. Esto causa una amenaza para al menos 16 fuentes de agua de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y del Servicio Geológico de Estados Unidos

También indica que el agua estancada del vertedero reproduce mosquitos que pueden portar el virus del Zika, amenazando a cientos de personas que viven y trabajan cerca. La EPA estima que hasta 30,000 niños y ancianos que viven en Toa Alta se enfrentan en este momento a un peligro inminente para su salud.

Lo peor es que los documentos de esta orden administrativa, como el que circuló la EPA, acerca de las condiciones ilegales del vertedero en Toa Alta, se conocen desde 2004. Aún así, esta agencia no hizo uso de su autoridad legal para cerrarlo. 

Además, quedó demostrado que el exgobernador Alejandro García Padilla también permitió que el vertedero continuara operando, sin un permiso de la Junta de Calidad Ambiental. Lo mismo sucedió con Carmen Guerrero, quien durante ese tiempo estuvo en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, y ahora se desempeña en la oficina de Iniciativa del Caribe de la EPA, y no ha hecho nada para rectificar esta crisis urgente. 

Esto es negligencia criminal.

El tiempo de las excusas ha terminado. Ya no podemos culpar a las administraciones anteriores por los errores de hoy.  Ya no podemos simplemente ir a Washington para pedir más fondos de Medicaid y promover la estadidad.  El Congreso de Estados Unidos y la Junta de Supervisión Fiscal han hablado, y ambos quieren ver el cierre del vertedero de Toa Alta y de todos los vertederos ilegales. 

Es hora de que tanto la EPA como el gobernador Ricardo Rosselló cierren estos vertederos de inmediato. Ellos tienen la autoridad legal para hacerlo. Para iniciar esta acción, lo único que tienen que hacer es comprar un candado en la ferretería más cercana y ponerlo. 

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