Alexandra Rodríguez Burgos

Tribuna Invitada

Por Alexandra Rodríguez Burgos
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Héctor O’Neill sentado en primera fila

A la hora de escribir esta columna, Héctor O’Neill García sigue siendo el alcalde de mi pueblo. Hoy, seguramente, continúa dando órdenes en el municipio, como si alrededor suyo todo siguiera igual. Puerto Rico entero y, en especial, el pueblo de Guaynabo, lleva 56 días en espera de que el alcalde renuncie a su puesto.

Hoy, 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, hace por fin la recomendación de un Fiscal Especial Independiente (FEI). En 53 páginas, la Secretaria enumera más de veinte delitos, en los que el único responsable de, alegadamente, haberlos cometido es el alcalde Héctor O’Neill. Dice la Secretaria que, además del caso trascendido por la prensa, hay otros más, igual de serios.

El pueblo ahora se prepara para una segunda espera, con muy pocas esperanzas, por cierto. El Panel que hoy tiene el referido de Justicia, el 15 de febrero de este mismo año, citó a algunos alcaldes y a los legisladores municipales a un taller para aclarar cómo se ventilaban querellas municipales. En esa reunión estaba Héctor O’Neill García, sentado en primera fila. Ese día se nos confirmó que la ley que detalla las facultades del FEI para la destitución de un alcalde la ayudó a crear el propio mandatario de Guaynabo.

Para los que creemos en la justicia y los derechos, no nos queda más que confiar en la transparencia del proceso. Si todo transcurre como debe de ser, la Oficina del Panel del FEI tendría la facultad, según dice la ley, de si se ha incurrido en depravación moral y “si el interés público así lo requiere, […] comenzar un proceso de suspensión de empleo del alcalde o alcaldesa, hasta que concluya el proceso judicial en su contra”.

Ahora le toca a la Oficina Especial Independiente (FEI) de actuar. Esperemos que no se tarden otros 56 días más.

En horas de la mañana de hoy, lunes, 1 de mayo de 2017, el Departamento de Justicia recomendó la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) contra el alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill García, por posible comisión de delitos.

Parte de las declaraciones textuales de la titular de Justicia en un comunicado de prensa son las siguientes:

“Entendemos que existe causa suficiente para creer que el Alcalde de Guaynabo pudo haber incurrido en 20 violaciones de ley, incluyendo las disposiciones de los artículos 3.1, 3.4 y 3.5 de la Ley 54 de Violencia Doméstica, que son maltrato sicológico o emocional contra persona con quien tuviese o haya tenido una relación consensual, maltrato mediante restricción a la libertad y agresión sexual contra persona con quien sostuviese o haya sostenido una relación consensual. Otras tres violaciones responden a los artículos 135 y 136 del Código Penal por acoso sexual y exposiciones obscenas en alguno de estos cargos contra dos perjudicadas”.

“También demostró la investigación preliminar causa suficiente por violaciones a los artículos 252 y 281 del Código Penal de 2012, por aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos y por impedir o persuadir la incomparecencia de testigos, además del Artículo 255 del Código Penal de 2004 por aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos. Además, violentó en cuatro instancias el Artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental porque un servidor público no puede utilizar sus deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio cualquier beneficio que no esté permitido por ley”, agregó la Secretaria de Justicia.

El Artículo 4 de la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, según enmendada, conocida como Ley del Fiscal Especial Independiente, 3 L.P.R.A., Secc. 99 h, establece que el Departamento de Justicia llevará a cabo una investigación preliminar en todo caso en que se reciba información bajo juramento que a su juicio constituya causa suficiente para investigar si se ha cometido cualquier delito grave y menos grave incluidos en la misma transacción o evento y los delitos contra los derechos civiles, la función pública y el erario público, por algunos funcionarios, entre los cuales están los alcaldes. La ley del OPFEI establece que el Departamento de Justicia debe realizar una investigación preliminar dentro del término legal de 90 días para hacer el referido al OPFEI, destacó por escrito el Departamento de Justicia.

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