Francisco Moscoso

Tribuna Invitada

Por Francisco Moscoso
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Huelga contra abusivos impuestos

La más reciente expresión, clara para todo el mundo, excepto entre los defensores del  estatus quo colonial, de la dominación imperial de Estados Unidos sobre Puerto Rico, la tenemos con la imposición de la Junta Federal de control fiscal y las medidas de estrangulamiento económico que exige. La mayoría sabe que su propósito fundamental es satisfacer los intereses de los acreedores.

En la historia de Puerto Rico no es la primera vez que la potencia dominante le impone condiciones económicas inaceptables al pueblo. Hoy es Estados Unidos, ayer fue España.

A comienzos de la década de 1890, España y Estados Unidos (EEUU) sostenían una intensa contienda comercial. A EEUU le interesaba especialmente el azúcar de Puerto Rico, sobre el que quería control. Mediante el Tratado de Comercio de 1 de agosto de 1891 Estados Unidos logró condiciones privilegiadas con lo que, según  denunció el periódico autonomista El Clamor del País (circuló de 1883 a 1894),  convirtió a Puerto Rico en su “feudo comercial”. Con ello se perjudicó el mercado para el azúcar de Puerto Rico en Inglaterra, Dinamarca, Alemania y otros  países de Europa.

Fue en ese contexto que el gobierno de España, en esa ocasión bajo la administración del Partido Conservador, presidido por Antonio Cánovas del Castillo, impuso una nueva Ley de Tarifas a Puerto Rico. La promovió el Ministro de Ultramar, Francisco Romero Robledo, y fue aprobada en Madrid, el 14 de julio de 1892. En su exposición de motivos se alegó que el gobierno sufría una disminución de recaudos en las aduanas. En lo no escrito se intentaba revertir el terreno comercial ganado por EEUU, que alimentaba su interés de anexionar la isla, y favorecer los minúsculos intereses de los azucareros de Andalucía (Granada y Málaga). Estos últimos también veían a los azucareros de Puerto Rico como competidores a eliminar. Ya lo había advertido el Dr. Ramón Emeterio Betances años antes: la política usual de España con la colonia era oprimir, para exprimir.

Con el título de Reglamento para la imposición, administración y cobranza de la contribución industrial en la isla de Puerto Rico, la ley fue publicada en la Gaceta de Puerto Rico, número 98, 16 agosto 1892, ocupando las 20 páginas del periódico oficial del gobierno. Tiene 164 artículos y diversos apéndices de formularios (larga como la Ley PROMESA).  Se puede acceder a esta fuente en internet por medio de Digital Library of the Caribbean, escribiendo Gazeta. El término “industria” lo emplearon para designar en general todas las actividades económicas.

La Ley de Tarifas, como se le llamó popularmente, no dejó instancia de trabajo o actividad económica que no fuera sometida a impuestos: son centenares de contribuciones, tantos por cada categoría empresarial y laboral. A las fábricas y refinerías de azúcar (hidráulicas y de máquinas de vapor), impuesto de 75 pesos por volúmenes no especificados de producción; fábricas de zinc, 14 pesos por unidad; carpinterías, 75 pesos; importadores de ganado vacuno, 200 pesos; carruajes de mudanzas, 6 pesos por caballería; fábricas de pipas de barro, 3.75 pesos cada una. La lista es muy variada y enorme. Solo faltó imponer impuestos a los perros y gatos realengos.

¿Cómo respondió el pueblo? En Historia de Puerto Rico (Siglo XIX), Tomo III Segunda Parte (1979, pp. 30-46), Lidio Cruz Monclova brinda un esbozo de lo acontecido.  Lo resumo. “La nueva Ley de Tarifas fue igualmente acogida con manifiesta antipatía y aversión, tanto por comerciantes e industriales como por representantes de la prensa y las grandes masas populares”. Desde el periódico La Democracia que dirigía en Ponce, Luis Muñoz Rivera, proclamó: “¡Guerra a las tarifas!”.

Puerto Rico se paralizó en protesta general contra el decreto imperial de Madrid. Citando de fuentes primarias de aquel evento, Cruz Monclova, narra que al mediodía del 4 de septiembre, en San Juan cerraron sus puertas: las tiendas de comestibles, provisiones y mercancías en general, ferreterías, bazares, fábricas de tabacos, restaurantes, fondas, los cafés La Mallorquina y La Palma, la fábrica de hielo, los quioscos de La Marina, hasta los bodegones chinos que ya existían.

El movimiento se propagó por todo el país, reportando la misma respuesta en Ponce, Mayagüez, Cabo Rojo, Humacao, Guayanilla, Arecibo, Río Piedras, Guayama, Bayamón. Todo Puerto Rico cerró filas contra la abusiva e intolerable Ley de Tarifas. ¡Abajo las Tarifas! ¡Abajo los impuestos!, eran las consignas.

El gobernador José Lasso, déspota militar de turno, respondió movilizando la Guardia Civil y la Policía contra las “muchedumbres” que protestaban por las calles. Incluso dictó un Bando dictatorial prohibiendo hasta silbar en protesta. De nada sirvió, el pueblo no se amainó.

Al cuarto día de cierre, el 8 de septiembre, hasta el viejo jefe del Partido Incondicional Español, don Pablo Ubarri Capetillo, percibió que los  intereses empresariales de que formaba parte substancial estaban perjudicados y de que había clara amenaza de “correr sangre”. Se reunió con el gobernador y, finalmente, logró persuadirlo a emitir un decreto suspendiendo la aplicación de la ley hasta enero de 1893, y que los opositores hicieran sus reclamaciones a las autoridades en Madrid.

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