Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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La danza millonaria de los contratos en el Gobierno

Los contratos gubernamentales siguen siendo la gran interrogante del Plan Fiscal negociado entre la Junta de Supervisión Fiscal federal (JSF) y el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Anualmente el Gobierno desembolsa miles de millones de dólares en el renglón de contratos por servicios externos. Muchos son necesarios, como ocurre con renglones como la construcción y la compra de bienes y servicios, pero las administraciones de turno suelen utilizar los correspondientes a servicios profesionales, consultoría y relaciones públicas para favorecer a correligionarios, políticos derrotados, amigos y familiares.

La Junta Fiscal le requirió inicialmente al gobernador Rosselló Nevares que redujera en 50% el renglón de contratos externos, pero el mandatario limitó la reducción a un 10%. Falta por ver cuánto representará realmente ese renglón en el Plan Fiscal certificado el lunes de la semana pasada en Nueva York por la Junta.

Lo más escandaloso es que, según se cuantifican en el registro de contratos de la Oficina del Contralor, las contrataciones externas sobrepasan por miles de millones el presupuesto gubernamental de gastos.

Un análisis de las radicaciones presentadas en la Oficina del Contralor refleja que en este año fiscal 2017 se habían extendido hasta ahora 78,197 contratos externos, el 16% de los cuales corresponde a las categorías de servicios profesionales con 6,339, consultoría con 3,147, y publicidad y relaciones públicas con 3,104. Los números no son finales porque faltan cerca de cuatro meses para terminar el año fiscal en curso.

Para tener una idea del costo en dólares y centavos, analicemos el año fiscal 2014-2015, bajo la administración de Alejandro García Padilla, en el que se otorgaron $12,137,000 en 39,000 contratos externos. Esa cifra de contratos representa el 49.8% de los otorgados este año fiscal. El costo de los contratos otorgados en el año fiscal 2015 representó, asimismo, el 43% del presupuesto consolidado de ese año económico.

Si nos remontamos a los ocho años correspondientes a los exgobernadores Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Vilá, el desembolso fue de $14,000 millones, sin incluir los renglones de construcción y de compra de bienes y servicios.

En tanto, en los cuatro años del exgobernador Luis Fortuño, excluyendo las mismas categorías anteriores, se contrató externamente por $9,300 millones.

La Legislatura merece mención aparte.

Desde enero de este año, cuando Thomas Rivera Schatz asumió la presidencia del Senado y su correligionario Carlos “Johnny” Méndez la de la Cámara de Representantes, el total de contratos de asesoría legal y administrativa, así como de relaciones públicas, sumaba $3.58 millones a la última fecha reportada.

Aunque Rivera Schatz alega que la ley PROMESA, que creó la Junta Fiscal, no aplica a la Legislatura, le otorgó un contrato de $300,000 hasta el 30 de junio al bufete Aldarondo y López Bras para asesorarlo, precisamente, sobre ese estatuto federal.

Mientras sobre las cabezas de los empleados públicos pende la amenaza de reducción de jornada y eliminación del bono de Navidad, así como recortes en las pensiones, el renglón de amigos, parientes y dolientes goza de buena salud en la Legislatura.

Ahí tenemos los contratos de consultoría administrativa otorgados en el Senado al exalcalde derrotado de Toa Baja, Aníbal Vega Borges, por un total de $33,000 en cinco meses, y al exalcalde de San Juan, Jorge Santini, por $40,000, también por cinco meses. En tanto, el exsenador Roger Iglesias, por su parte, recibió un contrato de $3,000 mensuales.

Uno de los contratos que más revuelo ha causado es el que el Senado otorgó al cantante Glenn Monroig, ascendente a $30,000 por cinco meses.

En la nómina de la Superintendencia del Capitolio, mientras tanto, figura con $11,000 mensuales la hermana del presidente senatorial, Silvia Rivera Schatz.

Y en la Cámara, su exvicepresidente Edwin Mundo mantiene un contrato de asesoría de $150,000 a través de su compañía KEM.

Esta danza de gastos millonarios en contrataciones gubernamentales externas —que se hace cada año independientemente del partido en el poder— refleja que si los contratos se redujeran a un 50%, como requirió originalmente la Junta, habría fondos más que suficientes para resolver la crisis fiscal sin afectar a los que el gobernador llama “los más vulnerables”.

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