Matt Rodrigue

Tribuna Invitada

Por Matt Rodrigue
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La deuda que sentará el futuro

Cuando el Congreso aprobó la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA), el pasado verano, trazó una ruta para enfrentar la crisis por la deuda de $70,000 millones que subsume a la Isla y para revitalizar su economía. El impacto de la ley —objeto de intensos debates entre los responsables de las políticas públicas dentro del “Beltway” y la comunidad financiera de Wall Street— ahora debe ser vigilado cercanamente por millones de estadounidenses que viven en municipios y estados endeudados a través del país.

La realidad es que el envejecimiento de la población, el aumento en los costos de la salud y las obligaciones de pensiones sustanciales han colocado a muchos funcionarios estatales y locales en posiciones poco envidiables. Al igual que la dicotomía atormentó a los líderes puertorriqueños durante la pasada década, la necesidad de recortar los gastos y limitar el endeudamiento va en contra de las políticas de los legisladores del continente de mantener los impuestos bajos y, a la misma vez, salvaguardar los programas sociales populares.

En el caso de Puerto Rico, PROMESA proporciona un diagrama esquemático para navegar por una reestructuración ordenada. El proyecto de ley impuso una paralización temporera de las demandas de acreedores y requirió que el gobernador Ricardo Rosselló le presentara un Plan Fiscal a la Junta bipartita de Supervisión Fiscal que se estableció en el otoño. También creó un proceso para convocar negociaciones voluntarias con los acreedores antes de proceder a una fase de reestructuración supervisada por los tribunales establecida bajo el Título III de la ley.

Para estar claros, PROMESA es imperfecta y puede no haber incluido suficiente espacio para que la Junta de Supervisión implemente cada reforma de crecimiento contemplada por el Congreso. Pero le dio a Puerto Rico herramientas necesarias que ya fueron probadas en Nueva York, Filadelfia y Washington, D.C. En estas reestructuraciones municipales, se vieron respetados los derechos de los acreedores garantizados de manera que se le permitió a estas ciudades re-acceder a los mercados de capital y eventualmente estimular sus economías estancadas.

La emisión de deuda más grande de Puerto Rico, conocida como Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), es un bono garantizado con un gravamen constitucionalmente protegido sobre una porción dedicada del impuesto sobre las ventas de la isla (IVU). Cofina fue el “bono de rescate” original, creado en 2006 a través de un acto bipartita de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. La isla utilizó esta solución de préstamos garantizados por impuestos para evitar su última crisis fiscal, el cierre del Gobierno del 2006 y sigue funcionando hoy, aun cuando las deudas no-garantizadas han entrado en el incumplimiento y las reclamaciones relacionadas han aumentado.

Durante el próximo mes, Puerto Rico atravesará un tramo crítico en su camino hacia la recuperación ya que los grupos de acreedores concluirán la mediación y las negociaciones voluntarias. Aunque espero que las discusiones promuevan resultados constructivos, la Junta de Supervisión Fiscal y la Administración Rosselló necesitan actuar decisivamente si las conversaciones no estimulan acuerdos inmediatos.

Una serie de demandas de acreedores agresivos se producirá cuando la paralización de litigios impuesta por PROMESA expire el 1 de mayo. A falta de una reestructuración ordenada bajo el Título III en ese momento, el Gobernador y la Junta de Supervisión se arriesgarán a las interrupciones que pueden agravar los desafíos económicos y sociales de la isla.

El Título III de PROMESA, que sigue el modelo del Capítulo 9 del Código de Quiebras y casi un siglo de sus precedentes legales, proporciona un marco para proteger a los ciudadanos de Puerto Rico, respetando al mismo tiempo los derechos y prioridades legítimas de los acreedores. Por ejemplo, la reciente reestructuración del Capítulo 9 en Detroit buscó acomodos razonables para los pensionados vulnerables y respetó los derechos de los acreedores garantizados.

La preservación de la santidad de la deuda garantizada es una política pública establecida y sólida. Sigue siendo el mejor vehículo para acceder el bajo costo de financiamiento municipal. Las “titulizaciones” (“securitizations”) son particularmente beneficiosas para los municipios estresados que dependen de gravámenes estatutarios y emisiones de deuda garantizados por colateral para proveer confianza de repago a los tenedores de bonos.

Si bien existen muchos obstáculos en el camino de Puerto Rico hacia la salud fiscal, el éxito de PROMESA y la priorización de los $17,000 millones de Cofina merecen la atención de los ciudadanos, funcionarios gubernamentales e inversionistas en la isla y a través de los Estados Unidos. Es muy probable que el próximo capítulo para Puerto Rico establezca precedentes y procesos que guiarán la próxima ola de reestructuraciones municipales en los Estados Unidos.

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