Wilbert López Moreno

Tribuna Invitada

Por Wilbert López Moreno
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La dolorosa reestructuración de la deuda

“El proceso va a traer dolor y va a decepcionar a muchos porque Puerto Rico no tiene el dinero para poder cumplir con sus obligaciones”. Con esta frase lapidaria de la Juez Taylor Swain comenzó el procedimiento bajo el Título III de la reestructuración de la deuda del “Commonwealth of Puerto Rico” y COFINA en el Tribunal Federal.

No podemos olvidar que un proceso de reestructuración bajo el Título III, de la misma forma que cualquier modificación voluntaria de la deuda pública bajo el Título VI requieren la aprobación del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos.

Estamos inmersos en un complejo procedimiento judicial avalado por la Ley PROMESA en el que el Gobierno de Puerto Rico y algunas de sus instrumentalidades ya están a merced de la jueza Laura Taylor Swain.

Para poder comprender en dónde estamos tenemos que internalizar que es a esta jueza federal a quien le corresponde en estos momentos determinar el futuro del Gobierno de Puerto Rico y sus acreedores, independientemente de los responsables de la deuda y de las razones políticas que conllevaron a la aprobación por el Congreso de los Estados Unidos de esta Ley.

El Commonwealth de Puerto Rico, COFINA, y pronto la Autoridad de Carreteras y otras entidades, radicaron una petición bajo el Título III, las cuales fueron consolidadas en un solo caso judicial. De ahora en adelante cualquier determinación que vaya a tomar el Gobierno de Puerto Rico y COFINA tendrán que pasar por la supervisión de la Junta Fiscal y aprobadas por Taylor Swain.

El proceso se rige por las Reglas Federales de Quiebra y un articulado del Código de Quiebra en un Tribunal Federal, cualquier acreedor del Gobierno y COFINA tiene que regirse por estas Reglas y esperar la determinación de lo que pueda tal vez cobrar.

Actualmente hay instrumentalidades del Gobierno como el Banco Gubernamental de Fomento, la AEE y la AAA que están negociando con sus acreedores modificaciones voluntarias bajo el Título VI buscando evitar caer bajo un Título III en el finalmente los acreedores perderán mucho más del total de sus acreencias.

En estos momentos todos los acreedores del Gobierno y sus instrumentalidades deben comenzar a buscar asesoramiento legal sobre los procedimientos de quiebra para conocer la clasificación de su deuda y las posibilidades de recobro de esta deuda bajo un Título III o VI. Se le puede ir la vida en un proceso judicial Federal, pero como dijo la Juez Taylor “No podemos apagar la luz y cerrar la puerta…el fracaso no es opción”.

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