José E. Ortiz Torres

Tribuna Invitada

Por José E. Ortiz Torres
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La Junta y la gula financiera

La recomendación de reducción de jornada hecha por la la Junta de Control Fiscal es la manifestación lógica del ente creado por ley para sastifacer el pago a los acreedores sin pensar en las necesidades humanas.

La intención legislativa de la Ley PROMESA es clara. Procura balancear el presupuesto y acceder nuevamente a los mercados de capital.  Por tanto, nos corresponde como puertorriqueños crear un frente común basado en la dignidad del ser humano y mantener activismo ante los medios de comunicación locales e internacionales. 

La deuda a la cual nos han sometido los politicos y financieros es producto de la apuesta en los mercados que no les garantizaba ganancias, por lo que los puertorriqueños no venimos obligados a pasar penurias a costa de su pago. 

El Financial and Operational Plan implantado por la ciudad de Detroit, Michigan, dentro de las áreas medulares que implantó, incluyó recortar las compensaciones, licencias por enfermedad, pago de dietas, bonos por vacaciones, reembolsos por gastos educativos, pagos de días de fiestas y aumentó a 80 horas la jornada requerida para el pago de horas extras. 

Siendo la ciudad más grande del estado de Michigan, de 2 millones de habitantes, hoy solo cuenta con 700,000, con los peores índices en materia de desocupación de casas y edificios, pérdidas de empleo, emigración, pobreza, criminalidad y analfabetismo.  Entiéndase, que la austeridad para el pago de la deuda fue la peor estrategia para superar su crisis económica y fiscal.

En Puerto Rico, según la Junta de Planificación, el consumo representa el pricipal componente de Producto Nacional Bruto.  Por tanto, la reducción de jornada laboral, despidos de empleados públicos, transferencias de empleados públicos al sector privado (muchos serán despedidos) y la reducción de salarios, afectará el recaudo al gobierno ya sea por el consumo o por ingresos.

La consecuencia de ese escenario será similar o peor a la de la ciudad de Detroit, consecuencia que no le debe preocupar a la Junta de Control Fiscal, por no ser la razón de su creación jurídico económica.

Desde nuestra visión ejecutiva gerencial en el servicio público, proponemos la permanencia de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado como activo del gobierno, para que continúe atendiendo al sector laboral en su rehabilitación física y mental como principal recurso de producción.

Para evitar recortes en las pensiones, proponemos que el impuesto no comprometido al barril del petróleo se utilice para la solvencia al sistema pensiones. Estudios señalan que los hogares con jefes de familia entre los 50 años o más, cuentan con un alto poder adquisitivo, siendo responsables de casi un 60% del gasto total en Puerto Rico en productos de consumo masivo. 

Además, recomendamos que se audite, se reestructure la deuda y el gobierno sin despidos, para que de forma razonable y mediante sus ahorros se estimule la economía mediante inversión y aumentos salariales escalonados por mérito.  Los objetivos antes descritos son viables y evitan repetir la historia del fracaso político a causa de la gula financiera.  

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