Jaime Benson

Tribuna Invitada

Por Jaime Benson
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La otra cara de la moneda del Plan Fiscal

Múltiples han sido las críticas al Plan de Ajuste Fiscal de 10 años presentado por la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y certificado por esta última. Algunas de estas críticas las comparto pues entiendo que se justifican, tales como que las proyecciones de migración de .2% anual no concuerdan con la experiencia reciente de 1.5% a 2% anual. Por lo tanto las proyecciones respecto a las tasas de decrecimiento económico son subestimadas y, por consiguiente, son sobreestimadas las proyecciones de crecimiento en los recaudos.

Sin embargo, si vamos a ser justos, así como reconocemos sus deficiencias y las señalamos, debemos también señalar y reconocer sus fortalezas y aciertos, pues nos encontramos en una coyuntura histórica crucial única para nuestro futuro como pueblo, en el que no deben tener cabida las mezquindades y agendas dañinas políticas partidistas, sino que debemos respaldar toda buena iniciativa venga de donde venga.

A este respecto es justo reconocer el gran avance que representó la modificación que experimentó el plan de ajuste original presentado por el gobierno en el nuevo plan finalmente certificado por la JSF en lo que a proyectos críticos de infraestructura en base a alianzas público-privadas se trata.

Una de las críticas que este servidor había señalado al plan original era que estaba sobrecargado de iniciativas austeras de reducción de gastos y aumentos de impuestos que sumaban $5 mil millones hasta el 2019, mientras que las iniciativas de inversión pública-privada en proyectos de infraestructura apenas sumaban $900 millones hasta el 2019.

De ese modo prevalecía un saldo contraccionario de alrededor de $4,100 millones con sus consiguientes efectos multiplicadores, agravando la actual contracción económica y minando la capacidad de repago de la deuda y de lograr la estabilidad de las finanzas públicas.

En el nuevo Plan Fiscal modificado y finalmente certificado por la Junta, se incrementan las iniciativas de inversión en proyectos de infraestructura por medio de alianzas público privadas de $900 millones hasta $4,500 millones para el 2019, lo que implica $3,600 millones adicionales en inversión productiva de capital para los próximos dos años respecto a la propuesta original.

Aunque esa cifra se queda corta por alrededor de $600 millones del total de ajustes en dirección contraria (reducción de gastos e incremento en impuestos) o con efecto contraccionario de alrededor de $5,100 millones hasta el 2019, se puede constatar que el balance no es contraccionario sino conducente al crecimiento económico. El efecto multiplicador de $1 invertido en proyectos de infraestructura es mucho mayor que el efecto multiplicador de una reducción de $1 en gastos operacionales del gobierno o del multiplicador de $1 adicional en nuevos impuestos.

Los $4,500 millones en proyectos críticos de infraestructura se dirigirán a modernizar y renovar nuestra red energética, mejorar y expandir nuestras carreteras, mejorar el manejo de nuestros desperdicios sólidos y nuestra infraestructura de acueductos y conservación de nuestros cuerpos de agua.

Dicha expansión y mejora de nuestra infraestructura no sólo tiene un fuerte efecto multiplicador en el corto y mediano plazo al utilizar muchos insumos producidos localmente (arena, piedras, varillas, ladrillos y cemento) y con toda probabilidad contribuirá a revivir nuestra lacerada industria de la construcción, sino que una infraestructura física adecuada es esencial para cimentar una sólida base para el desarrollo económico en el largo plazo.

Si bien debemos ser cautos en no caer en un optimismo infundado, pues hasta el momento todo consiste de un Plan que no se ha ejecutado, a la misma vez debemos reconocer cuando se ha hecho un genuino intento de mejorar significativamente el Plan Fiscal gubernamental.

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