Héctor Jiménez Juarbe

Tribuna Invitada

Por Héctor Jiménez Juarbe
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Lo que ocurrió con la 936

Como participante activo en la lucha para crear y defender la permanencia de la sección 936 del Código de Rentas Internas Federal, discrepo de la interpretación y conclusión expresada por algunas personas en relación con la eliminación de dicha Sección. Por ello comparto las siguientes reflexiones.

Si bien es cierto que dicha sección fue objeto de ataques por el Congreso en varias ocasiones desde su creación en 1976, la realidad es que siempre que fue defendida por el gobierno de Puerto Rico, libre de intereses que no fueran el económico, y sobrevivió a los ataques, aun sufriendo modificaciones.

Así ocurrió bajo el gobierno de Carlos Romero Barceló, quien la defendió mientras fue gobernador y bajo las administraciones de Rafael Hernández Colón. Igual sucedió con Pedro Rosselló en el primer cuatrienio de su gobernación. Con los dos primeros gobernadores mencionados, surgieron enmiendas, como la de calcular los ingresos de las 936, tales como “profit sharing”, “profit split” y “cost plus” y se estableció el plan de la Iniciativa del Caribe que promovía el presidente Ronald Reagan, sucesivamente.

Respecto a quién entregó la 936, nadie puede entender que una compañía, en una acción contra su propio interés y el de su existencia, entregue lo que le beneficia y le produce ganancias. Lo hace o podría hacerlo, si ese fuera el caso, cuando se viera forzada a negociar porque el aliado de siempre, en este caso el gobierno de Puerto Rico, hubiera abandonado la posición esperada y debilitada la lucha en favor de lo que se suponía que le correspondía defender.

Así sucedió con las 936. En carta que dirigió al presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el 15 de diciembre de 1995, el gobernador Pedro Rosselló sugirió retener solamente la parte del crédito por salarios de la sección y retiró su respaldo a las 936. El crédito por salarios no era opción pues, para las compañías de empleo intensivo, Puerto Rico no resultaba tan atractivo como antes.

Cito a continuación un párrafo de dicha carta: “With this respect to this entire subject, however, I wish to emphasize that we do not advocate the retention of Section 936 as such. Instead (in a modification of the plan that I submitted to you in september), we strongly urge that the wage-credit incentive be preserved through the creation of a new section 45(c) of the Internal Revenue Code”.

Si las compañías negociaron, como se alega, diez años adicionales de vida para las 936, fue después de conocer de la nueva y sorpresiva posición del gobierno de Puerto Rico, que daba fuerza a los que querían eliminar las 936. Diez años que aunque insuficientes, alargaron su vigencia.

Las consecuencias de esa decisión equivocada las vivimos hoy. Puerto Rico perdió un instrumento que dio resultados positivos y que contribuyó al crecimiento de nuestra economía. Entre otras cosas, se afectó el sistema financiero. Se perdieron miles de empleos en la manufactura y servicios relacionados. Empleos buenos y bien remunerados, cerrándose oportunidades de trabajo para nuestros jóvenes. La emigración aumentó. La Autoridad de Energía Eléctrica perdió clientes de alto consumo. Hoy Puerto Rico es más pobre que antes.

¿Que el Congreso, igual que puede tomar otras acciones respecto a Puerto Rico, podía eliminar la Sección 936? Claro que sí. Pero nuestro deber era defenderla, hasta encontrar una alternativa viable para sustituirla. Y si hubiera sido de creación nuestra y conllevado desarrollo económico autóctono, mejor.

Allá el Congreso con su responsabilidad hacia Puerto Rico, adquirida por Estados Unidos desde la invasión de 1898. Acá nosotros con la nuestra.

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