Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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Los privilegiados cobran a pesar de la deuda

Son los mismos con las mismas. Los gobiernos de las últimas décadas, que han llevado al País a la quiebra, siguen con las mismas malas mañas de siempre, y lo triste es que no hay acto de contrición ni intención de enmienda.

Mientras la deuda del País está en manos de la jueza federal Laura Taylor Swain, que decidirá cuánto pagamos, a quién pagamos y de dónde pagamos, el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares sigue gastando como si las arcas públicas fueran un barril sin fondo.

A propósito de barriles, vale la pena mencionar los $24 millones que la Legislatura decidió repartir en donativos a municipios y otras entidades, casi simúltaneamente con el anuncio de cierre de 179 escuelas y la aprobación de nuevas medidas de reducción o eliminación de derechos civiles de los ciudadanos, así como de beneficios adquiridos por los trabajadores tanto del sector público como del privado.

La mal llamada reforma laboral perjudica únicamente a los asalariados y a los pensionados que cada día ven cómo se achican sus bolsillos ante el alza en el costo de la vida y los impuestos que los agobian para repartir alegremente entre funcionarios privilegiados el dinero que le quitan a quienes más lo necesitan.

En solo tres funcionarios de alto nivel, el desembolso salarial ascenderá a $1,123,500 en un año. Los privilegiados tienen nombre y apellido: Julia Keleher, Héctor Pesquera y Natalie Jaresko.

La Secretaria de Educación condicionó su nombramiento a que le dieran un contrato por $250,000, diciendo que no podía vivir con menos de esa cantidad. Pero los maestros sí tienen que vivir con muchísimo menos.

Mientras, Pesquera --flamante Secretario de Seguridad Pública—cobrará $248,500 anuales, también bajo un contrato de servicios profesionales. Y todavía el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés, se atreve a justificarlo con la alegación politiquera de que esa cifra representa 20% menos de lo que Pesquera cobraba como Superintendente de la Policía, primero bajo la administración de Luis Fortuño y posteriormente la de Alejandro García Padilla, que lo retuvo.

En el caso de Jaresko, que es la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, su jugosa remuneración de $625,000 anuales la paga el erario boricua, que costea el presupuesto de $2 millones mensuales que tiene el organismo impuesto por la ley federal PROMESA.

Ya que hablamos de la Junta, en días recientes ha estado bajo fuego uno de sus integrantes, Carlos M. García, cuya dimisión ha reclamado la poderosa central sindical estadounidense AFL-CIO tras presentar un informe del sindicato y de Hedge Clippers, una organización que busca desenmascarar las maniobras de fondos buitres.

Merece mención aparte el caso del nuevo director de la Autoridad de Edificios Públicos, Amílcar González Ortiz, quien también recibió su contratito de servicios profesionales, aunque por razones distintas a las de los casos anteriores.

Resulta que después que Rosselló Nevares lo nominó, alguien se percató de que González Ortiz no podía aceptar un cargo público asalariado porque se había acogido a un retiro incentivado que le prohibía regresar al gobierno hasta enero de 2018. Así que lo resolvieron con un contrato de consultoría de $7,000 mensuales hasta el 30 de junio que, presumimos, será renovado para el año fiscal próximo.

Y siga sumando.

El gobernador que proclamó en 2015 que la deuda de Puerto Rico era impagable, no mostró recato alguno al autorizar en diciembre pasado –a escasas tres semanas de finalizar su término—el desembolso de $1.7 millones para el pago de liquidaciones a altos funcionarios y personal de confianza. Su antecesor, el exgobernador Fortuño, había hecho otro tanto, pagando en diciembre de 2012 un total de $1.5 millones a su personal de confianza.

Pero lo más chocante es que García Padilla permitió que se aprobara un donativo legislativo de $1 millón para la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, que preside su hermano y asesor, Antonio García Padilla. De hecho, el 8 de diciembre de 2016 se le desembolsó a la organización un cheque de medio millón de dólares como primer pago.

¿No sería mejor acabar con las malas mañas que con los derechos ciudadanos?

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