Francisco Rodríguez Castro

Tribuna invitada

Por Francisco Rodríguez Castro
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Los retiros ante el Título III

Los diversos planes de retiro del Gobierno de Puerto Rico serán ahora un nuevo foco de reestructuración ahora que el país se encuentra bajo el Título III de PROMESA. Los múltiples planes de retiro gubernamentales, entre ellos el del Gobierno central, maestros, judicatura, y corporaciones públicas, están necesitados de una gran reestructuración con o sin enfrentar las realidades del Título III.

Con un déficit actuarial que sobrepasa los $49 mil millones, distribuidos entre todas las entidades, se enfrenta la seria posibilidad de quedarse sin liquidez tan temprano como el próximo julio. Algo que apenas se discute es la realidad que, desde su creación en 1951, los sistemas de retiro comenzaron operaciones con un déficit actuarial, ocasionado por la obligación inicial acumulada por concepto del crédito concedido para propósitos de pensión a los participantes que trabajaron previo a existir el sistema de retiro.

Se había establecido que dicho déficit se amortizaría y reduciría en 30 años o para 1981 y no ocurrió. Al pasar los años, lejos de atender el déficit y los problemas, se legislaron numerosas leyes especiales que establecían beneficios mínimos, beneficios de muerte, ajustes al costo de vida, beneficios adicionales de muerte o incapacidad, contribuciones a planes médicos, bonos de verano y Navidad, bonos para medicinas, la otorgación de préstamos personales a los beneficiarios que totalizan sobre mil millones de dólares.

La acumulación de estos beneficios, años de inacción gubernamental y atender de una forma agresiva esta bomba de tiempo, se hizo muy poco por mucho tiempo. En 1999 el déficit actuarial rondaba por $6.4 mil millones. Este hecho obligó al Gobierno a tomar acción. Creando el Programa de Cuentas de Ahorro para retiro, conocido como Sistema 2000, y aprobado en septiembre de 1999, se cerró el Sistema de Retiro de los Empleados Públicos y se creó en su lugar el Plan de Ahorros, que aplica a empleados que ingresaron al Gobierno desde el 1 de enero del 2000.

Muy a pesar de los esfuerzos, el déficit continuó aumentando y ya para el 2009 el mismo estaba en $17 mil millones. A esto se le suma el Sistema de Retiro de Maestros que enfrenta retos muy similares en parte porque sus beneficios no son cónsonos con las aportaciones de sus miembros. Se suma el de la Judicatura y las corporaciones públicas creando una tormenta perfecta para los retirados.

Quizás la mejor manera de explicar esto es ofreciendo este ejemplo. Yo conozco múltiples casos donde servidores públicos trabajando para una agencia del Gobierno central por 27 años con un salario de $3,125, deciden aceptar convertirse en Sub-Directores Ejecutivos de otra agencia con un salario de $9,166 y permanecen en el puesto por 47 meses. Al final del cuatrienio como Sub-Directores se acogen al retiro con sobre 30 años de servicio.

El servidor público recibe una pensión tomando como base el 75% del promedio de sus salarios en sus últimos tres años de servicio y reciben una pensión total de $6,874.50 por mes. Estos servidores lograron aumentar sus pensiones por $4,530.75 por mes. Si hubiesen permanecido en sus puestos anteriores sus pensiones hubiesen sido $2,343.75 o 75% de su salario anterior de $3,125. El resultado final es que en solo 47 meses sus pensiones se triplicaron aun cuando no hubiese sido matemáticamente posible acumular este aumento de beneficios en un periodo tan corto.

Este beneficio, junto con la combinación de todos los que detallo en este escrito y sumado a la falta de agresividad de resolver el problema, ahora resulta que nuestros retirados enfrentarán reducciones materiales en sus pagos mensuales de pensión y otros beneficios por no atender a tiempo los problemas.

Aun cuando nos debe llenar de rabia este hecho, quizás sea una bendición disfrazada porque ahora será obligatorio resolver este y otros problemas financieros de Puerto Rico de una vez y por todas.

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