Juan Lara

Tribuna Invitada

Por Juan Lara
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Más jueces federales para reestructurar nuestras deudas

El miércoles pasado se dio un gran paso hacia la resolución futura de la crisis de la deuda de Puerto Rico.  La jueza federal Laura Taylor Swain inició el proceso de reestructuración de las obligaciones del Gobierno central bajo el Título III de PROMESA, y en la apertura formal del caso hizo declaraciones que suenan alentadoras para el Gobierno y el pueblo de Puerto Rico.

La jueza indicó que el resultado de estos procedimientos debe ser que Puerto Rico logre tener una economía “vibrante”, retener el talento que ahora se escapa en el éxodo de población, proteger el bienestar de los pensionados y mantener una educación de calidad.  Todo ello apunta a que el Tribunal espera que haya un alivio significativo en la carga que actualmente representa el pago de intereses y principal de la deuda gubernamental.

Por otro lado, la jueza advirtió que habrá que sobrellevar “sacrificios”, y debe suponerse que esta advertencia no la dirige solamente a los bonistas.  Los ciudadanos ya tenemos anunciada una larga lista de privaciones que incluyen ajustes en la reforma de salud, revisión de pensiones, cierres de escuelas y recortes al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico.  Se da por sentado que esta aportación a la cuota total de sacrificio es condición previa para la protección que puedan darnos los tribunales bajo el Título III.

Con todo lo difícil que pueda ser el futuro inmediato, no hay duda de que es un gran adelanto el que ya podamos contar con un proceso ordenado de reestructuración. La alternativa era enfrentar una avalancha de demandas de bonistas, en diferentes foros y de manera simultánea, sin la protección de un proceso parecido a la quiebra.  Lo que hemos ganado con simplemente despejar esa incertidumbre ya es considerable, aunque esto no quiere decir que los procesos de Título III estarán completamente libres de sobresaltos.

Ahora toca esperar que la reestructuración de la deuda logre un alivio verdaderamente sustancial en el servicio de la deuda; suficiente, no sólo para que el Gobierno pueda mantener los servicios esenciales a la ciudadanía, sino también para que podamos invertir en la reactivación de la economía.  También esperaríamos que en el proceso se proteja a los más vulnerables, particularmente a los pensionados y a la población médico-indigente.

El Gobierno ya anunció que próximamente se invocará también el Título III para otras entidades públicas, por lo que pronto veremos más caras nuevas de jueces federales encargados de encontrar un balance entre los intereses de los acreedores y los del resto del País.  Ojalá que se hagan eco de las palabras alentadoras de la jueza Swain.

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