Jaime Benson

Tribuna Invitada

Por Jaime Benson
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Matrícula ajustada al ingreso para salvar la UPR

Tras 17 años de estancamiento económico y 11 de depresión económica, tanto Puerto Rico como sus principales instituciones; incluyendo nuestro primer centro docente, la Universidad de Puerto Rico (UPR), se encuentran insolventes. La insolvencia de nuestra Universidad fue prevista hace dos décadas y media, pues cerca del 80% del presupuesto de la UPR proviene del fondo general del gobierno central, según la conocida fórmula de 9.6%.

Mientras en la década del 90 crecía la economía se compensaba en algo el hecho de que todos los estudiantes incluyendo los provenientes de familias de ingresos altos, medios altos y medios (un 30% a un 35% de la población estudiantil) recibían del fondo general un subsidio de cuatro quintas partes del costo en el mercado de su matrícula. Ello con todo y que entre el 65% al 70% de los estudiantes se acogen a la beca federal Pell, la cual provee estipendios para costos de matrícula, hospedaje y libros. Y que los crecientes gastos de mantenimiento de la infraestructura física y de modernización tecnológica no eran equiparados por un aumento proporcional en los ingresos propios. Era previsible desde entonces que de no ir aumentando gradualmente el costo de la matrícula y la Universidad ir generando otras iniciativas para incrementar sus propios ingresos, tarde o temprano la asignación por fórmula sería insuficiente para cubrir sus gastos operacionales y de mejoras capitales.

Pero cuando con el cambio de milenio la economía se estancó y se precipitó en una profunda y larga contracción económica, la viabilidad económica de la institución fue seriamente comprometida. Un resabio de los tiempos de la Guerra Fría, institucionaliza el entendimiento que cualquier aumento en el costo de matrícula o medidas cautelares para atender la insuficiencia de fondos es motivo suficiente para legitimar “huelgas” o cierres violentos, forzosos, ilegales, gestionados por pequeños grupos políticos extremistas.

Dichos cierres forzosos agravan la insolvencia institucional, al provocar el éxodo de estudiantes de la universidad pública a las universidades privadas. Del 2005 (año en que se produjo un cierre forzoso) al 2007, la cantidad de estudiantes matriculados en la Universidad de Puerto Rico se redujo en 4,761, mientras la cantidad de estudiantes matriculados en universidades privadas se incrementó por 17,177. Entre el 2010 (en el que se dio otro cierre forzoso) y el 2012, la Universidad de Puerto Rico experimentó una reducción en la cantidad de estudiantes matriculados de 9,206, a la vez que las universidades privadas incrementaron su matrícula por 10,206 estudiantes. Dicho éxodo de estudiantes de la universidad pública a las privadas no se puede atribuir al alza en el costo de matrícula en la primera pues el costo de matrícula de las privadas triplica el de la pública, sino exclusivamente a la desestabilización como resultado de los cierres forzosos.

El déficit presupuestario universitario se ha estado financiando con el desvío de fondos de los sistemas de retiro del personal docente y no docente como se evidencia en la insuficiencia actuarial de $2.2 billones en el 2015 registrada en los mismos. Para salvar la Universidad del Estado, tenemos que estar dispuestos a implementar toda una gama de ajustes y medidas cautelares, incluyendo un alza en el costo de la matrícula ajustada al ingreso. No debemos optar por inmolarnos en un acto de suicidio colectivo vía un cierre forzoso de la institución. Ello redundaría en la pérdida de la acreditación, el éxodo de estudiantes a las universidades privadas y el eventual cierre permanente de la institución.

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