Manuel Cidre

Tribuna Invitada

Por Manuel Cidre
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Me resisto a ser un ser humano de segunda

La condición impuesta por el Departamento de Justicia Federal de incluir la alternativa territorial en la papeleta del plebiscito del 11 de junio y el desembolso de los $2.5 millones para el financiamiento del mismo, valida que a los Estados Unidos no le interesa resolver el tema del estatus y están dispuestos a perpetuar la colonia. ¡Qué vergüenza!

La posición del gobierno de Puerto Rico de salir corriendo y enmendar la ley del plebiscito para incluir la alternativa territorial, como colonizado obediente, es también ejemplo de que los primeros colonizados son los partidos políticos.

No debemos aceptar la petición del Departamento de Justicia Federal; es inmoral y le falta el respeto al pueblo.

Condeno cualquier acción que viole nuestros derechos de vivir en dignidad como ciudadanos de primera y nunca bajo el régimen de una colonia.

Ante la acción del gobierno y el reclamo de los sectores estadolibrista e independentista del país, la realidad es, que ninguno de los tres partidos podrá resolver el tema del estatus. No han adelantado nada, lo que ha quedado más que evidenciado en el caso Sánchez Valle, la ley PROMESA y ahora, la carta del Departamento de Justicia Federal.

Estoy convencido que si le quitamos la fórmula de estatus a los tres partidos políticos, se verá que son iguales.

Propongo posponer el plebiscito para el 18 de marzo de 2018 y simultáneamente convocar a los grupos ideológicos a que entreguen sus propuestas de estatus, en 60 días, junto al plan económico.

Una vez entregadas las propuestas, el Gobernador de Puerto Rico, como representante de todo el pueblo, junto a los líderes ideológicos del país, solicitarán formalmente al Congreso que, en o antes del 30 de noviembre del 2017, presenten  legislación para celebrar una consulta plebiscitaria, avalada por el Congreso para marzo de 2018.

Si al 30 de noviembre, el gobierno Federal no ha hecho nada, como posiblemente ocurra, el  gobernador  como representante de todos los puertorriqueños, activará un grupo de profesionales en representación de cada fórmula ideológica para trabajar desde dos frentes, a nivel federal e internacional.

El grupo federal operaría desde la Oficina de Puerto Rico en Washington, para activar a la diáspora puertorriqueña como fuerza política; denunciar el estatus colonial de Puerto Rico no solo en el Congreso, donde todos sabemos que las lealtades no son del todo claras, sino en las legislaturas estatales, organizaciones de derechos civiles, organizaciones empresariales y universidades, entre otros. El objetivo es informar y denunciar la situación colonial de Puerto Rico como una violación a los derechos humanos básicos.

El equipo internacional haría lo mismo desde la Oficina del Departamento de Estado de Puerto Rico, no en Cuba y Venezuela, sino en el mundo entero, denunciando y exigiendo a la comunidad internacional resolver el estatus colonial de Puerto Rico desde la perspectiva de derechos humanos y civiles.

Si verdaderamente queremos resolver el tema del estatus no podemos conformarnos con otro tapa boca. Si los Estados Unidos no nos quieren como Estado que lo diga. Tenemos que estar dispuestos a pagar el precio de ser dignos, sea cual sea, incluyendo estrategias como las usadas por el presidente Torrijos y el presidente Carter con el tema del Canal de Panamá que culminó después de 20 años con el traspaso del canal al gobierno panameño y hoy día opera de forma exitosa en manos panameñas.

Solicito al señor gobernador Ricardo Rosselló a dar un paso diferente y relevante en el tema colonial de Puerto Rico. No merecemos menos.

Resulta indignante la posición del gobierno federal, que de forma irrespetuosa está dispuesto a avalar una relación colonial en pleno siglo 21. Yo me resisto a ser un ser humano de segunda.

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