Fermín Arraiza

Tribuna Invitada

Por Fermín Arraiza
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Precaria la justicia del País

En nuestro Sistema de Derecho la confianza en el sistema de justicia, “garante indiscutible” de la democracia, ha sido precarizada por funcionarios sin escrúpulos que “esconden sus oscuras intenciones detrás de sus hábitos” para enriquecerse en detrimento del bien común, destruyendo individuos, familias y nuestros valores.

En Puerto Rico los vínculos entre políticos, jueces, fiscales y algunos abogados de defensa son un secreto a voces. Vemos en los medios, con pasmosa naturalidad, esquemas de sobornos a policías, jueces, abogados y fiscales, controlados por el narcotráfico y seducidos por el lucro del lavado de dinero típico de un Narco-Estado. Nuestro pueblo debe repudiar enérgicamente esta conducta, que atenta contra los principios de Acceso a la Justicia e Independencia Judicial.

Durante los últimos 10 años hemos visto cómo un exdirector del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) fue destituido por corrupción; asesinatos de informantes del NIE; fabricación de casos; acusaciones infundadas contra testigos de fiscalía para justificar el archivo de casos graves contra policías corruptos defendidos por exjueces y exfuncionarios; jueces convictos por soborno; abogados reconocidos acusados y otros convictos por lavado de dinero, incluso miembros de la Comisión de Nombramientos Judiciales; abogados que por sumas exorbitantes de dinero contratan detectives privados para destruir reputaciones; exsecretarios de Justicia forzados a renunciar por conducta antiética, en ocasiones criminal, y el Tribunal Supremo no actúa; “sociedades” entre exjueces de lo criminal y criminalistas, que postulan en los mismos foros donde fungieron como jueces, ejerciendo influencia.

En un momento dado, la Oficina de Administración de Tribunales mantenía una práctica de recopilar noticias en casos criminales que se consideraban de alto perfil y se insertaba un “expedientillo”, debidamente rotulado, en los expedientes individuales de los jueces en el Tribunal de Primera Instancia, incidiendo así sobre la parcialidad del juzgador de hechos.

Presenciamos ataques contra el Monitor de la Policía provenientes del Ejecutivo y del Presidente del Senado; altos mandos de la Policía trasladados, policías que no pasan el polígrafo y ahora demandan. Hagamos públicos los nombres, las preguntas y las respuestas, el país temblaría. La Junta radica la quiebra sin auditoría, propiciando la impunidad de los verdaderos responsables: el Congreso y los gobernantes de turno. Pero en Puerto Rico nada pasa. Estamos tan acostumbrados, que todo este comportamiento se tolera o se calla por temor a represalias, traslados, a no ser renominados, porque denunciarlo podría incluso hundir a quien destape la Caja de Pandora.

El silencio se convierte en cómplice de desgracias, asesinatos, encubrimientos e intrigas que tienen al fin y al cabo un alto costo: Vivir en un país en decadencia, donde la cobardía parece estar bien retribuida. ¡Resulta imperativo salvar a Puerto Rico!

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