Eduardo Lalo

Isla en su Tinta

Por Eduardo Lalo
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Ricardo Rosselló como director de escuela

Se dice que a la larga la verdad siempre se desvela. No estoy tan seguro de este aserto popular, porque lo verdadero casi siempre llega tarde, cuando la realidad de los hechos se ha consumado y unos han vencido a otros.

En Puerto Rico no se para de aludir a la trasparencia. Se la invoca, se la exige, se la suplica, pero el nuestro es un país muy opaco, nublado por la información que no se provee, las cortinas de humo de las medias palabras y los vociferantes de una “ideología” de estatus político, que sirve de mecanismo ocultante de los verdaderos intereses ideológicos. Puerto Rico es un país de agendas secretas: un estado en que la anormalidad se ha prolongado por tanto tiempo que ninguno de sus ciudadanos ha vivido fuera de ella. Esto, la noche de la historia, es lo único que hemos conocido.

Nuestra falta de transparencia perenne comienza por el uso inapropiado y cuestionable de las palabras. Al Estado Libre Asociado le tomó más de seis décadas para arribar a un colapso público e indigno obrado por las autoridades de la metrópoli, que ante él no ofrecieron ni el más mínimo reconocimiento. El 25 de julio, día del comienzo de una invasión militar en 1898, fungió como un encubridor día de fiesta para una Constitución que en el último año demostró que no era más que una superstición. La Junta de Control Fiscal sólo posee una palabra certera, la primera, la que refiere a un estado antidemocrático de excepción. La que junta todo el poder en un organismo autoritario.

La transparencia en los asuntos públicos no es solamente un problema lingüístico y estructural, sino que también es una cuestión que se ve afectada por las prácticas de la información y la política. Los centros de poder de esta sociedad han hecho todo lo que tenían al alcance para infantilizar a la población. No fue casual, que en los primeros años de la ocupación estadounidense, la prensa de ese país representara en caricaturas a los puertorriqueños como negritos desnudos que un militar con sombrero tejano agarraba por cualquier miembro. El sentido común de una porción enorme de la población se basa en el no decir y el no permitir. Un “buen” padre o madre es quien mantiene a sus hijos en la ignorancia y en la sumisión, quien los hace tan limitados como ellos. De esta posición parte la insidiosa tendencia anticultural de tantos puertorriqueños, cuya marea tóxica se ha avistado en estos días, que menosprecia violentamente a los estudiantes universitarios, que como adultos verdaderos, responsables y cabales, han estado dispuestos a llevar a cabo lo que muchos de sus padres son incapaces de hacer: pensar y actuar por cuenta propia.

A este infantilismo de base, los partidos políticos mayoritarios le han añadido la dimensión tribal de la insignia, el “ideal” y el líder. Se organiza así, para beneficio de hombres y mujeres del partido, un armazón de fidelidades ciegas, heredadas y en ocasiones violentas que llevan la hora de recreo en el patio de la escuela secundaria a todas las etapas de la vida. Los estudiantes que se “queman” cruelmente unos a otros suponen que el director o los maestros no tienen por qué informarlos de nada y que, a lo sumo, dirán lo que tienen que hacer. Esta sumisión, construida sobre el menor esfuerzo mental o la incapacidad mental misma, es para muchos el legado de sus años escolares. Ser adulto y ciudadano equivale a trasladar, este acatamiento y esta falta de criterio construidos, a una vida de trabajo o a una de dependencia. Las grandes mayorías no exigen transparencia a los que detentan el poder porque siempre han dado por sentado la posición de sus superiores. Un gobernador o un jefe es otro director de escuela. Con ellos nunca se ha tenido una relación de interlocución. Bastó practicar la obediencia, suponiendo que solamente se la fingía. De listos acatadores están repletas las filas de la barbarie nacional. La disposición a la violencia verbal, conceptual y física de tantos puertorriqueños es una consecuencia directa de su inocencia.

El pasado lunes, 1 de mayo, varias decenas de miles de puertorriqueños colmaron las avenidas de San Juan. Una masa humana compacta y enorme no produjo un solo incidente. Cuando la marcha terminó y sus miles de participantes se retiraron, en el área quedaron cientos de policías y un número probablemente equivalente de manifestantes. La fuerza policiaca fue sacada del lugar. Un vídeo muestra la llegada a paso marcial y en fila india de un grupo de encapuchados. Fotos muestran encapuchados conversando y abrazándose con policías. Luego comenzó la batalla.

Minutos después habló el gobernador. Justificó el retiro de la fuerza policiaca, deploró los hechos violentos, confundió a miles de marchantes con unas docenas, amenazó a los jueces con destituciones si no obraban según su deseo. Casi simultáneamente una institución bancaria demandaba a decenas de organizaciones y a todos los manifestantes que ya estaban en sus casas o camino a ellas. Al día siguiente la superintendente de la Policía negaría la presencia de agentes encubiertos en la manifestación. Casi a renglón seguido, aceptaría que había agentes en ropa de civil entre la multitud, pero que estos no clasificaban como encubiertos. En los mismos noticieros de la mañana el secretario de Asuntos Públicos del gobernador hacía responsables de lo ocurrido a la alcaldesa de San Juan, a los líderes sindicales, a Alexandra Lúgaro, al Arzobispo, a cada uno de las decenas de miles de manifestantes, a los postes del alumbrado de la avenida Muñoz Rivera, a los pájaros, a la brea, a los baches de la carretera.

De la tarde del lunes a la mañana del martes todo se hizo opaco, una pantalla de humo descendió sobre la isla entera. Nuestros directores escolares amenazaban con cancelar la fuga, la graduación y el baile. Se nos exigía que regresáramos al salón de clases para recibir el narcótico de la enseñanza; se apelaba en las redes sociales a la activación casera del protocolo del correazo y del mientras vivas aquí mando yo.

La transparencia, de existir, siempre es una conquista momentánea y coyuntural. Es algo que no se produce sin lucha. Muchos miles de puertorriqueños la demandamos el pasado lunes y por unas horas el país no fue inocente ni estuvo engañado.

Apenas 48 horas más tarde, el gobernador Rosselló, que construyó su campaña asegurando de que se podía pagar la deuda y a la vez mantener los servicios y desarrollar la economía, solicitaba a la Junta que declarara al país en bancarrota. El colapso moral que esto supone es indescriptible. A cuatro meses de detentar el cargo y de prometer planes y rutas, yace exánime, incapacitado para tomar cualquier dirección, en manos de la Junta y los acreedores. En su caso, la llegada de la verdad casi no tuvo que esperarse.

Ahora el gobernador tiene ante sí dos opciones. Puede seguir inventando un enemigo interno, criminalizando a decenas de miles de ciudadanos que exigen la auditoría de la deuda, defienden la Universidad, los derechos laborales y el bienestar básico de una sociedad o puede darse cuenta de que su proyecto está perdido y que hay que liberarse de las trampas de la ideología, y que nuestra única defensa se encuentra en la calle, fuera del patio de la escuela, donde los hombres y las mujeres aprenden a ser libres.

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