Epifanio Jiménez

Tribuna Invitada

Por Epifanio Jiménez
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Ristra de deficiencias ante el azote del huracán María

El Plan de Emergencia Estatal de Puerto Rico, al igual que en los Estados Unidos, se estableció con la Ley 211, que sustituyó la Defensa Civil Estatal por la Agencia Estatal de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, con alrededor de tres etapas básicas para ejecutarse en lo que comúnmente llamamos antes, durante y después.

Considerando estas etapas, evaluamos el gobierno de Puerto Rico y su Plan Estatal de Emergencia ante el huracán María.

Comencemos con la etapa antes, donde la agencia tiene como director de preparación un oficial cuya experiencia es como oficial de bombero y no en manejo de emergencia.  La preparación conlleva una efectiva orientación y la preparación tradicional a la población en todos los niveles; local (la familia), municipal (alcaldes y funcionarios del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), regional (zonas) y estatal (agencias primarias y de apoyo en el COE.  Esto no se cumplió.  Reunieron por primera y única vez en marzo a los coordinadores interangenciales en un COE con agencias en exceso, sin mencionar y enfatizar la directriz presidencial del National Response Framework (NIMS) y los Emergency Support Funtion (ESF) porque el sub-director de la agencia, que proviene del municipio de San Juan, alega innecesario, ya que la primera respuesta es a nivel local de los alcaldes y posteriormente a nivel estatal y federal (etapa de respuesta).  No obstante, se alega que todos los funcionarios están debidamente certificados en NIMS y los ESF.  ¿Será esto real, será esto verdad? ¿Estarán certificados por la Agencia Federal de Manejo de Emergencais (FEMA)?

No se enfatizó, como antes de Georges, con Hurex, un simulacro que fue efectivo con evaluaciones posteriores.  También se obvió la evaluación mandataria sobre infraestructura crítica incluyendo facilidades como los COE a todos los niveles y sus certificaciones federales, al igual que las certificaciones de todos los que intervienen en emergencias a todos los niveles: gobierno, sector privado, voluntariado e instituciones religiosas y otros.  No se activó el anejo con el sector privado y otras instituciones sobre acuerdos del Plan Estatal.  María demostró lo necesario del COE capitalino, tan sugerido por nosotros, en el que se integraban la legislatura. ¿Y qué pasó? El COE estatal, sin la debida certificación federal colapsó. No se activó el voluntariado preparado en un programa con fondos federales llamado Community Emergency Response Team (CERT).  Tampoco se activaron los voluntarios estatales y del sector privado de rescate. ¿Alguien vió al Sr. Nino Correa?  Sin embargo, se alega hubo que contratar rescatadores del exterior y de las Fuerzas Armadas.

No hubo activación estatal de los tradicionales radios aficionados voluntarios (KP4), tan efectivos con la comunicación alterna desde los tiempos de la Defensa Civil Estatal.  Los municipios respondieron con los planes confeccionados a nivel estatal, no personalizados con la vulnerabilidad, experiencia y necesidades locales.

Todas estas faltas, incumplimientos y posibles negligencias en la preparación, prevención y la correspondiente mitigación de la etapa antes del huracán, nos llevan a reconocer como deficiente la evaluación.

Por otro lado, el durante es la fase vital de la respuesta y ejecución de la preparación, adiestramiento y ejercicios en manejo de emergencias.

Los componentes son los “First Responders” (responsables de la respuesta rápida) o las agencias con responsabilidad primaria y las de apoyo y coordinación del sector privado, organizaciones cívicas y religiosas como los protagonistas de esta etapa.

Lamentablemente los jefes de agencias y sus coordinadores con asiento en el COE estatal, regional y municipal, subestimaron la amenaza y no se prepararon sobre todo en lo relacionado con la directriz presidencial de seguridad interna Número 8 (HSPD-8), la cual reconoce el National Response Frame Work el que nos lleva al NIMS y los respectivos Emergency Support Functions (ESF).  Nunca olvidaré las veces que el gobernador Pedro Rosselló González, en ocasiones y reunido con los jefes de agencias, les requería que se expresaran sobre sus responsabilidades en el Plan Estatal de Emergencias y las certificaciones federales correspondientes.  Como resultado de esto, Puerto Rico fue reconocido en Estados Unidos por la ejecutoria sin muertes, cuando se registró el huracán Georges.

¿Cuántos jefes de agencias respondieron y están ejecutando a tenor con el Plan Estatal de Emergencias y sus responsabilidades?  ¿Funcionó el famoso sistema millonario de interoperabilidad?  ¿Se activó el anejo del plan relacionado con continuidad del gobierno?  ¿Y lo establecido para manejo en crisis?  ¿Se procedió durante esta etapa a través de las zonas y las oficinas (COE) locales?  Definitivamente la evaluación del periodo durante es totalmente deficiente.

Llegamos, finalmente, a la etapa después o de recuperación y mitigación, donde la AEMEAD perdió con los vientos huracanados o entregó su segundo apellido, Administración de Desastres.  Actualmente, la estamos viviendo, aunque con algo de respuesta.

¿Por qué no se activó el Plan de Distribución para Desastres creado por la Ley 211?  Pocos días después de Georges, el gobernador Pedro Rosselló González designó a los 78 municipios a los jefes de agencia llevando recursos y regresando con evaluaciones de daños y requerimientos de los alcaldes. Evitando de esta forma que los alcaldes tuvieran que abandonar sus jurisdicciones y procedieran con el plan de recuperación y participando de la activación del anejo de distribución de ayuda y recursos en desastre (ahora catástrofe).

No olvidamos un mensaje a la Legislatura del actual gobernador Ricardo Rosselló Nevares, en el que criticó y reconoció lo negativo de la improvisación, denominándola como el enemigo más grande del manejo de emergencias. 

¿Después de María se ha improvisado?  Recientemente se presentó, sin una evaluación responsable, confiable y eficiente sobre María precipitadamente unos recursos creando funciones que siempre existieron en la Ley 211, derogada por la ley que creó el Departamento de Seguridad Pública DSP, aumentando la burocracia innecesariamente para un mejor manejo de emergencias.  Se alega que en este proyecto el gobernador lograría más autoridad.  El gobernador es la autoridad máxima en el COE y también en el Comité de Seguridad creado por NIMS.

Cuando ocurre un desastre o catástrofe como María y colapsa la ejecución del plan estatal, existe el recurso “Dual Status Commander”, activado en New Orleans (Katrina), Texas (Harvey) y otros para dirigir la ejecución del manejo de emergencias.  En Puerto Rico, el Gobernador activó este recurso y el Presidente confirmó al General José Juan Reyes de la Guardia Nacional de Puerto Rico que tiene asiento en el COE.  Esta activación representa el reconocimiento de una ejecución inefectiva de las agencias del ejecutivo y componentes del antes, durante y después del evento.

Aunque es innegable, el precedente histórico de este huracán en todos los aspectos y sin dejar de considerar el atenuante del gobernador por su ejecutoria y llamado de prevención minimizando la pérdida de vida y propiedad, quizás por su experiencia mientras vivía en La Fortaleza y cuando ocurrieron emergencias como los huracanes Marilyn, Hortense y Georges, además, de la explosión de la tienda Humberto Vidal.   No obstante, nuestra evaluación hasta hoy de la etapa después es deficiente y catastrófica.

Ahora, ¿qué podemos y debemos hacer?  Reevaluar el acontecimiento, los responsables del plan y cómo respondieron. Determinar si lo hicieron bien, regular, negligente, así como los que no respondieron.

Urge considerar la realidad de los cambios climatológicos, la necesidad de resiliencia, planificación doméstica familiar y escolar y reconocer en Puerto Rico una cultura de huracanes.

Por último, recalco lo que en el Senado y Cámara adelantamos, que incluir la AEMEAD en el DSP mutilaría su ejecución ante una emergencia. Lamentablemente, María nos dio la razón.  LA AEMEAD debe estar adscrita al Gobernador o a la Guardia Nacional de Puerto Rico y considerar nuevamente la derogada Ley 211.

No se deben originar proyectos, enmiendas o llegar a unas conclusiones hasta realizar una evaluación en detalle y confiable desde el comienzo hasta el final del huracán María.  Cualquier gestión antes de este sería catalogada dentro del margen de una improvisación irresponsable.

El que fracasa en la planificación, lamentablemente planifica para el fracaso.

         

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