Juan Dalmau

Tribuna Invitada

Por Juan Dalmau
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Robustecer el comercio boricua

Las noticias de que la fórmula utilizada para calcular las ventas al detal estaba incorrecta desde el 2005, y de que tan reciente como en el 2016 la metodología estadística utilizada por la Compañía de Comercio y Exportación infló artificialmente las ventas minoristas en un 27% deben ser motivo de indignación y condena. Ya sea por negligencia crasa o manipulación intencional, las cifras que fundamentaron importantes decisiones fiscales y económicas del gobierno fueron infladas artificialmente. En cualquier escenario, las consecuencias fiscales y económicas han sido desastrosas y merecen acción del gobierno contra los responsables y reparación a los sectores más afectados.

Aunque hace varios años economistas alertaron sobre la reducción de las ventas al detal, el Departamento de Comercio en sus informes oficiales establecía que las ventas al detal iban en aumento. Si ambos utilizaban las mismas fuentes de datos, ¿cómo es posible semejante discrepancia? La respuesta es tan evidente como escandalosa.

El gobierno inflaba las cifras de ventas al detal para dar la impresión de que los consumidores puertorriqueños seguían gastando mucho, a pesar de la recesión que comenzó en abril de 2006. Inflar los datos permitió presentar un cuadro de recaudo de impuestos al consumo que no se relacionaba con la realidad. Esto facultó la emisión de deuda –particularmente de la Corporación para el Fondo de Interés Apremiante (COFINA)– sin que se tuviera la fuente de repago que la justificase y contribuyó de manera dramática a la crisis fiscal actual.

Como efecto colateral, lo anterior sirvió para justificar la aprobación de actividad comercial –especialmente de nuevos centros comerciales– a costa del desplazamiento de los pequeños y medianos comerciantes. A base de estadísticas fatulas se aprobaron propuestas para la expansión comercial de megatiendas extranjeras, sobre la premisa de que en el país había un gasto creciente del consumidor. Esta fue la bala al corazón de la actividad económica en los cascos urbanos y el desempleo y empobrecimiento de amplios sectores del país.

Ante las desastrosas consecuencias fiscales y económicas del fraude estadístico, el gobierno tiene una responsabilidad ministerial ineludible: someter al proceso de justicia a los responsables y reparar el daño fiscal y económico a los sectores más afectados. En cualquier lugar del mundo, los responsables de semejante fraude, cuyas consecuencias constituyen un acto de lesa Patria al causar estragos inmensos a la economía del país, estarían sometidos al proceso penal y civil correspondiente. Sus acciones, cuando menos, configuran negligencia criminal.

Por otra parte, para reparar el daño fiscal y económico urge encaminar un plan de desarrollo económico que conceptualice la actividad comercial nacional utilizando criterios de zonificación, regionalización de las ventas y fortalecimiento del comercio nacional. Hay que romper, además, con el papel servil que han tenido los gobiernos ante las propuestas del capital comercial extranjero que arropa al país. El capital extranjero es bienvenido, siempre y cuando aporte en justicia fiscal lo que recibe en ganancias. El capital extranjero debe complementar, en equidad, un comercio nacional robusto. Por eso presenté el proyecto del Senado 607, para que contribuyan en justicia las empresas foráneas exentas. Esto representaría un ingreso de mil millones de dólares anuales al fisco.

Las ganancias de un comercio local fortalecido junto a la aportación contributiva de empresas foráneas se pueden re-invertir en el país para generar puestos de trabajo permanentes, lo que produce efectos multiplicadores en nuestra economía y genera eslabonamientos con otros sectores productivos, como las finanzas, los servicios y la transportación. Ello serviría de reparación al daño cometido al comerciante y empresario puertorriqueño.

En resumen, ante una política económica y fiscal fundamentada en datos fraudulentos, es necesario acabar con la cultura de impunidad castigando a los responsables y adoptando un cambio de paradigma comercial nacional puertorriqueño que sirva como punta de lanza para nuestro desarrollo.

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