Noel Zamot

Perspectivas de la Junta

Por Noel Zamot
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Título V: herramienta poderosa

Puerto Rico pasa por unos tiempos difíciles. La situación económica y la necesidad de desarrollar soluciones sostenibles representan un reto casi imposible: como construir un avión mientras lo volamos. Pero en el Título V de la ley PROMESA tenemos una herramienta que tendrá un enorme impacto positivo en el futuro económico y de empleos de Puerto Rico.

El desarrollo económico es vital para toda sociedad. Y estamos de acuerdo en que la inversión en infraestructura es vital para que haya desarrollo económico.

Además de la reestructuración de la deuda y la reforma fiscal —dos áreas críticas para mover a Puerto Rico hacia la recuperación—, la Ley PROMESA provee una herramienta poderosa para propulsar ese desarrollo económico en la isla.

Específicamente, el Título V establece un proceso de proyectos críticos que apoyará —mediante el otorgamiento expedito de permisos y el cumplimiento estricto de su calendario de ejecución— una amplia gama de proyectos de infraestructura que aborden necesidades apremiantes, impulsen el crecimiento económico a largo plazo y aceleren la creación de empleos.

La semana pasada inauguramos el nuevo portal digital mediante el cual la Junta de Supervisión ya está recibiendo los primeros proyectos que habrá de considerar para trámite expedito bajo el Título V de PROMESA, y que tanta falta hacen para impulsar el desarrollo económico de Puerto Rico.

El éxito del programa está atado al establecimiento de alianzas efectivas entre las agencias locales y federales, así como inversionistas privados.

Puerto Rico tiene una necesidad urgente de inversión en infraestructura para asegurar la continuidad de los servicios básicos como la energía eléctrica, la transportación, el agua y el manejo de desperdicios sólidos, entre otros. Pero dada la situación actual, el gobierno no cuenta con la capacidad financiera para hacer esa inversión con sus propios recursos y tampoco tiene acceso a los mercados financieros.

Por ello, Puerto Rico necesita hoy más que nunca las herramientas dispuestas en el Título V de PROMESA. El Proceso de Proyectos Críticos, junto con el programa de Alianzas Público-Privadas que ha establecido la administración, deberá contribuir a allegar la inversión privada en infraestructura que tanto se necesita.

El Proceso de Proyectos Críticos elimina demoras que tradicionalmente han interferido con el desarrollo económico en Puerto Rico. La Junta trabajará con las agencias relevantes en el proceso de permisos expeditos, velando siempre por la integridad del mismo. El proceso va a ser más rápido, pero se hará bien, de modo transparente y en total y absoluto cumplimiento con la ley.

Este mecanismo les permitirá a los inversionistas poner su dinero a trabajar más rápidamente en la economía de Puerto Rico, a beneficio del pueblo. El grado adicional de certeza en torno a la realización de proyectos de infraestructura ayudará a reestablecer la confianza en Puerto Rico como destino de inversión y ayudará, en fin, a reestablecer el acceso a los mercados financieros.

Con este proceso y esta colaboración entre la Junta y el gobierno le estamos diciendo al mundo: “Puerto Rico está abierto para hacer negocios”. Y esa inversión privada nos ayudará a estimular la economía, crear empleos y lograr oportunidades sostenibles para los puertorriqueños.

Enfocaremos nuestras prioridades en proyectos de energía eléctrica, transportación, manejo de agua y manejo de desperdicios sólidos. Los mejores candidatos serán proyectos, de diferentes tamaños, que (1) se enfoquen en las necesidades críticas de infraestructura, (2) sean consistentes con el Plan Fiscal, (3) hayan asegurado financiamiento privado, (4) cuenten con un plan de impacto ambiental sólido, (5) estén listos para comenzar y (6) creen buenos empleos de manera sostenible.

Para ser designado como “crítico”, un proyecto debe cumplir con los criterios del Título V de PROMESA: (1) el impacto que un proyecto tendrá en una emergencia; (2) la disponibilidad inmediata de capital privado; (3) el nivel de financiamiento que requeriría del gobierno local (que deber ser mínimo o cero); (4) los beneficios ambientales y económicos; (5) el estado actual del proyecto; y (6) los criterios adicionales de prioridad en términos de metas, leyes y planes locales.

Partiendo de lo establecido en PROMESA, y luego de haber evaluado el informe y la valoración del Coordinador de Revitalización, con el insumo de las agencias relevantes, en cuanto al cumplimiento con los requerimientos establecidos, la Junta determinará si un proyecto es crítico o no. El proceso no es aislado, sino que tomará en consideración la recomendación del gobernador de Puerto Rico y, en el caso que un proyecto fuera a impactar el Plan de Uso de Terrenos o el Plan de Recursos Integrados, la recomendación o determinación de las agencias relevantes del gobierno de Puerto Rico, como la Junta de Planificación o la Comisión de Energía.

A lo largo de mi carrera he podido constatar de primera mano cómo las inversiones en infraestructura pueden reactivar la economía y mejorar la calidad de vida de una población. El impacto es enorme, y nos afecta a todos: desde el dueño de un friquitín de mofongo, a empresarios en la industria digital, a funcionarios del gobierno, ancianos, niños, hospitales, fuerzas policiacas, y más. En fin, estas inversiones, si son ejecutadas correctamente, nos beneficiarán a todos.

La encomienda que me ha dado la Junta es clara: identificar, coordinar y acelerar la ejecución de proyectos críticos de infraestructura bajo el Título V de PROMESA de manera que se estimule el crecimiento económico y la creación de empleos lo antes posible.

Estoy convencido de que, trabajando juntos, tendremos el éxito que Puerto Rico espera y necesita.

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