Damián Irizarry Vélez

Tribuna Invitada

Por Damián Irizarry Vélez
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UPR vs. Thomas Rivera Schatz

La Universidad de Puerto Rico y el Capitolio cierran sus entradas para detener el flujo de la cotidianidad. La estrategia en ambos casos es la misma: dirigir todas las labores institucionales sin distracciones para solucionar un mismo problema, la crisis. Inicialmente parecería que ambos mecanismo son congruentes y por tanto, válidos y justos de igual manera.

De hecho, así lo entendió el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quién cuestionó la decisión de la jueza Lauracelis Roqués Arroyo, del Tribunal de Primera Instancia, a favor del presidente de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público. Éste último solicitaba que se le permitiera el acceso al Capitolio para cabildear contra la derogación del proyecto que crea la Comisión, utilizando en su amparo la Constitución del Esta Libre Asociado que establece que “las sesiones de las Cámaras serán públicas”.

Ante el dictamen de la jueza, Rivera Schatz responsabilizó a Roberto Pagán, presidente de la Comisión, y a “sus cabilderos” por actos de violencia contra oficiales de seguridad que amurallaban la entrada del Capitolio y preguntó, “¿tan ciega es la justicia?”. También, en el mismo comunicado, construyó escenarios paralelos entre la UPR y el Capitolio para apoyar su hipótesis de ceguera judicial.

Entonces, ¿será que la justicia es a doble vara? Para responder esta pregunta se debe evaluar cada caso de manera individual. De esta forma, la UPR funciona como un pequeño gobierno autónomo, que fecunda la apertura al diálogo sujeto a una política de no confrontación. Esto significa que aunque la decisión del movimiento estudiantil haya sido cerrar los portones de la institución, se debe ingeniar un canal de conversación abierto que cuente con la participación de todos los sectores para auscultar soluciones a “x” conflicto. Aunque las particularidades de cada altercado determinen la sutileza en la que se ejercerá lo anterior, en este caso, la presidenta interina de la UPR, Nivia Fernández, se ha expresado públicamente en varias ocasiones certificando esta praxis.

Ahora bien, el caso del Rivera Schatz es distinto. La única ley que regula la gestión del gobierno en defensa de la adopción de un sistema democrático es la Constitución. Entonces, si en la Sec. 11 del Art. III de éste instrumento regulatorio se dispone el acceso público a todas las sesiones de las Cámaras, ¿por qué el presidente del Senado viola la ley? Sencillo, tal cual lo reseña la Reforma de Permisos, la administración de turno pretende emular la competitividad de Singapur, basada en la “Tesis de Lee”. Esta “teoría” establece que los derechos civiles y libertades políticas son trabas para el desarrollo y crecimiento económico. Por tanto, la única forma de alcanzar este modelo es transgrediendo nuestra Constitución.

Entonces senador, para contestar su pregunta, quizás la justicia no es ciega y simplemente se construye de precedentes, tales como el derecho a la protesta ante injusticias. Al fin y al cabo, ¿quién no recuerda a un Thomas Rivera Schatz revoltoso en aquel evento de la Oficina de la Procuradora de la Mujer? 

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