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Acción ciudadana como antídoto a la corrupción

La sentencia contra el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, agrava el ya arraigado descrédito de la clase política en su país. Como él, en tres años, el propio presidente Michel Temer y otros políticos han sido salpicados por un mal que Puerto Rico comparte: la corrupción.

Lula emergió como paladín de altos valores y de propuestas ejemplares. Se le acredita sacar de la pobreza a 30 millones de personas. Ahora enfrenta 9 años de cárcel. La sentencia está suspendida mientras el carismático líder apela. Se le condenó por aceptar sobornos de una empresa constructora. Él lo niega. Califica su enjuiciamiento como una cacería de brujas.

Su drama no es único en el panorama político brasileño. Temer, su rival, enfrenta también denuncias relacionadas a sobornos. Temer sustituyó a Dilma Rousseff, destituida por manipular el presupuesto federal. Decenas de legisladores están imputados o son investigados. De partidos distintos, se les vincula con el gigantesco escándalo de corrupción que involucra a la empresa estatal Petrobras.

El director de la Asociación Nacional de Fiscales de Brasil, Alan Mansur, ha dicho que la fe en la clase política de Brasil se debilita. Los brasileños centran sus esperanzas en el aparato de justicia. Allí brilla el juez que investiga el caso de dimensiones históricas. Sergio Moro ha puesto tras las rejas a políticos y empresarios por el esquema.

Al oeste de Brasil, en Perú, el expresidente Ollanta Humala y su esposa irán a prisión preventiva por 18 meses. Son investigados por recibo ilegal de fondos de otra empresa.

Estas sagas tienen como elemento común el inversionismo político. Y resultan lastimosamente familiares en Puerto Rico.

Aquí la corrupción desvía cientos de millones de dólares. Deja sin servicios vitales a miles de ciudadanos, sobre todo a integrantes de poblaciones necesitadas. Se benefician empresarios que saltaron procesos. Estos se abren paso a fuerza de donativos y favores. Con la complicidad de funcionarios avaros y cobardes multiplican ganancias.

De forma recurrente, el país ha observado un desfile vergonzoso de hombres y mujeres condenados por robarle. Tuvieron y traicionaron la encomienda sagrada de servirle. Administración tras administración, los enjuiciamientos previos no los disuadieron. Desde distintos niveles, en las tres ramas de gobierno, repitieron fechorías con el dinero que sudan los contribuyentes.

Tan reciente como este verano, en apenas un mes, otros dos exjefes de agencias fueron acusados. El miércoles, una jueza encontró causa para arrestar al exadministrador de Servicios Generales, Luis Castro Agis. Se le acusa de intervenir de forma indebida en el otorgamiento de contratos a empresas de Anaudi Hernández. Y de recibir beneficios que no reportó. Semanas antes, el exsecretario de Recreación y Deportes, Ramón Orta, fue acusado de 50 cargos por obtención fraudulenta de fondos federales. Otros seis, incluyendo su ayudante, son coacusados de fraude. Según las autoridades, desviaron hasta $10 millones. El dinero estaba asignado a Educación y a la Administración de Vivienda Pública.

En Brasil, como en Puerto Rico, la corrupción atenta contra los derechos humanos. Priva a la ciudadanía de recursos y servicios por mezquindad, para beneficiar intereses particulares, privados o políticos. Violenta la igual protección de las leyes, el debido proceso de ley y la dignidad de gente necesitada.

En Brasil, los políticos pierden credibilidad. Impera una crisis institucional. Aquí, exconvictos son celebridad. Otros son reelectos. Los consienten ciudadanos ofuscados por fanatismos.

La recuperación fiscal, económica y social de Puerto Rico conlleva sacudir ese marasmo colectivo. La indiferencia retrasa el proceso.

La corrupción tiene y puede ser frenada con determinación. Funcionarios y políticos tienen el deber de actuar con transparencia y ejercer las mejoras prácticas de la sana administración. También el sector privado. Quedan por adoptar acciones que exijan cumplimiento, que prevengan y castiguen ese vicio rampante que es la corrupción. La activación ciudadana es esencial para lograrlo. Asegurar un liderato inmune a esa plaga repudiable permitirá escribir un mejor capítulo en la historia de Puerto Rico y otros países hermanos.

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