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El atraso presupuestario afecta la meta fiscal

En la difícil coyuntura que Puerto Rico atraviesa, la aprobación a tiempo del presupuesto, documento que establece las prioridades fiscales de una administración gubernamental, es vital para facilitar la puesta en vigor del Plan Fiscal certificado con miras a sacar al Gobierno de la quiebra y adelantar planes de recuperación económica.

El retraso de la Asamblea Legislativa en la consideración y aprobación del proyecto presupuestario es inaceptable. Por breve que sea la dilación, esta contrasta con el hecho de que el Gobierno de Puerto Rico empeñó su palabra de tener aprobado el proyecto de presupuesto al lunes 19 de junio.

Debe cumplir. Solo así se puede generar confianza en los compromisos que contrae la administración. Y este es uno de muchos por delante.

Refrendar esta hoja de ruta del gasto gubernamental fue una de las condiciones que puso la Junta de Supervisión Fiscal a principios de junio, cuando certificó el Plan Fiscal. Para que el presupuesto pueda entrar en vigor el 1 de julio, al inicio del año fiscal 2017-2018, el organismo trazó e informó, y el Gobierno aceptó, un calendario de trabajo, en cumplimiento con la ley federal PROMESA.

Solo con el documento en mano y en la fecha señalada podrá el organismo revisar si en efecto el presupuesto de $9,172 millones sigue los parámetros de responsabilidad y control en el gasto público y las medidas de austeridad contempladas en el Plan Fiscal a diez años. La Junta estableció el 26 de junio como fecha límite para emitir una certificación de cumplimiento del presupuesto, tanto al Gobernador como a la Legislatura.

Estabilizar las finanzas públicas con un presupuesto realista, que no dependa de préstamos para los asuntos operacionales, es un paso esencial en la larga cadena de condiciones necesarias para la revitalización económica. Recuperar la confianza de los mercados, dando los pasos para renegociar el pago de la deuda de $70,000 millones, es imprescindible a la hora de fomentar actividad económica que genere empleos.

Por otro lado, no debe haber sorpresas en el presupuesto. Las ramas de gobierno y dentro de estas, la ejecutiva con más de cien dependencias, deben conocer los recortes que deben implementar. Así sabrán con cuántos recursos contarán para poner en vigor sus planes de trabajo y hacer los ajustes necesarios. Es también esencial que el pueblo esté informado sobre la forma en que los ajustes fiscales pueden afectarlo.

El Gobierno, para que sea efectivo, debe funcionar como un todo y enfilar sus recursos y energías para alcanzar las metas trazadas. Con un Plan Fiscal certificado y las decisiones sobre las reclamaciones de los acreedores del Gobierno en manos del Tribunal Federal, al amparo del Título 3 de PROMESA, la Legislatura no tiene excusas para dilatar su tarea.

Les toca a los líderes dirigir y tomar las decisiones que son necesarias dentro de su respectivo campo de acción. El gobernador Ricardo Rosselló cumplió con la presentación del presupuesto y el documento se encuentra ante la consideración de los cuerpos legislativos, que lo han discutido por partes en audiencias públicas.

La Cámara de Representantes es la llamada, por la Constitución, a tomar acción primaria sobre las medidas fiscales. Es el paso inicial para que el Senado haga lo propio. Ambos tienen que responder a su encomienda. La Cámara ha indicado que se propone ver el presupuesto entre el 20 y el 21 de junio y el Senado recesó hasta el jueves el jueves 22 de junio, cuando lo considerará para aprobación.

Esa no es la actitud hacia el trabajo que el País necesita. Denota incomprensión de la situación fiscal de Puerto Rico. Manifiesta desdén hacia los compromisos contraídos y sus consecuencias. Haciendo cada cual lo que le toca es la forma de aportar. Cumpliendo con su responsabilidad es como los líderes se colocan a la altura de los tiempos.

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