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Gestión modélica del Programa del Estuario

La operación llevada a cabo para localizar descargas de aguas sanitarias en ríos, quebradas y canales de la cuenca hidrográfica del estuario de la bahía de San Juan es ejemplo de la labor que hay que desplegar en otros puntos de la Isla, donde la falta de alcantarillado sanitario o las descargas directas en los cuerpos de agua son una amenaza salubrista.

El Programa del Estuario de la Bahía de San Juan, que desde hace años se preocupa y lucha contra las descargas ilegales en los sectores que tiene a su cargo, convocó a un grupo multidisciplinario, al que se unieron la Universidad de Puerto Rico (UPR), la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA), la Junta de Calidad Ambiental (JCA) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), con el fin de inventariar las tuberías conectadas directamente a los cuerpos de agua. Ese es el primer paso en cualquier esfuerzo de este tipo: establecer la dimensión del problema para entonces definir cómo se va a resolver.

Encontraron 729 tuberías colocadas para verter su contenido directamente a ríos y quebradas, de las cuales afortunadamente la mitad están secas o inoperantes, y alrededor de 200 son inocuas, ya que solo transportan aguas pluviales, que obviamente no contaminan.

Sin embargo, se descubrió que 129 tuberías, que es una cifra considerable, derramaba contaminantes sanitarios, lo que equivale a diseminar enterococos y otros agentes causantes de enfermedades e infecciones severas como meningitis, hepatitis o salmonela. Aunque no se contemplaba en esta primera fase más que inventariar las tuberías, hubo que reportar con carácter urgente la situación que presentaban al menos 24 de ellas, que estaban produciendo descargas mayores de aguas usadas cerca de centros comerciales, estaciones del Tren Urbano o, incluso, en las inmediaciones del Centro Médico.

Si esto está ocurriendo en plena ciudad, donde se supone que haya una infraestructura mejor, preocupa cuáles serían los resultados de un inventario similar, de llevarse a cabo en el resto de la Isla.

Hace dos años, el presidente de la AAA, Alberto Lázaro, daba a conocer que más del 50 por ciento de la población de Puerto Rico no tenía conexión al sistema sanitario de esa agencia. Se trata de un dato inconcebible en pleno siglo XXI, pero comunidades enteras, en las zonas rurales, descargaban —y aún descargan— las aguas negras al exterior, sin ningún tipo de pozo séptico, o recurriendo a pozos defectuosos.

Ante la falta de recursos, y la imposibilidad de invertir los más de $1,500 millones que cuesta conectar a toda esa población al alcantarillado sanitario de la AAA, Lázaro propuso capacitar a los municipios para que iniciaran planes dirigidos a mejorar la instalación de pozos sépticos y otros sistemas a atajar un problema que va en aumento, y que pudiera causar problemas de salud.

Aun con nuestras graves limitaciones económicas, se impone un inventario de los enclaves que presentan descargas sanitariasdirectas en ríos y otros cuerpos de agua, a nivel de todo el País. Los hallazgos pudieran ser preocupantes si arrojan un alto número de descargas peligrosas en los ríos y las costas. De hecho, los reportes cada vez más frecuentes de playas que no están aptas para los bañistas por la presencia de enterococos, se deben precisamente al estado primitivo en que nos encontramos con respecto a este renglón de la disposición de aguas usadas.

La UPR y la EPA pueden seguir colaborando para que este proceso de inventariar tuberías vaya más allá del Estuario de la Bahía de San Juan. La UPR tiene los recursos humanos, los científicos y los estudiantes; la EPA puede proveer o ayudar a gestionar fondos para esos fines, teniendo en cuenta que éste es uno de los grandes desafíos ambientales que enfrenta Puerto Rico.

Ante el éxito de ese modelo, hay que continuar.

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