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Justo mayor protección para retener hogares

En Puerto Rico se registra un promedio de 16 ejecuciones hipotecarias al día, una tragedia para los propietarios, las comunidades y el país que clama por la búsqueda de mecanismos para que menos personas pierdan sus hogares

Agregar herramientas a las leyes que cobijan a los dueños de inmuebles es una alternativa favorable, en la medida que permita a los deudores cumplir con sus obligaciones hipotecarias en términos más favorables a su situación económica.

Un ejemplo son las enmiendas propuestas a la “Ley de Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los procesos de Ejecución de Hipotecas”.  Aprobada en el año 2012 con miras a darle un respiro a los propietarios con atrasos en sus pagos, sorprende que tan solo en el dos por ciento de los casos de ejecución los deudores echan mano de sus disposiciones con miras a preservar su hogar por vía de la negociación con el banco.

Según reveló la Clínica de Asistencia Legal de la UPR, en el 95 por ciento de los procesos los deudores no acuden a corte y los pleitos se resuelven por rebeldía, con el resultado de que la persona pierde su vivienda. Con ello termina el sueño de tener una casa propia y empieza la pesadilla del desahucio y la exclusión social.

En tan lamentable situación se han visto 1,680 propietarios en los primeros tres meses de este año y la proyección de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras es que al cierre del 2017 se habrán ejecutado 5,681 propiedades. En comparación, en el 2016 se ejecutaron 5,424, así como 4,459 viviendas en 2015. Si consideramos que en 2008, cuando la Oficina comenzó a llevar estadísticas de los desahucios, se realizaron 2,537 ejecuciones, queda claramente establecido que el número se ha disparado a niveles alarmantes.

Este drama humano también se ha convertido en un dolor de cabeza para las comunidades y el gobierno. A los problemas asociados a la gran cantidad de casas desocupadas se suma la sobrecarga que esto representa para los residentes de urbanizaciones y condominios que pagan cuotas de mantenimiento. 

Para los impactados por el estancamiento económico y el desempleo, la falta de un hogar es una tragedia de marca mayor. Les lleva en ocasiones a vivir hacinados en estructuras inadecuadas o en casas de familiares, al alquiler de propiedades en mal estado y a marcharse del país.

Llama poderosamente la atención que el 60 por ciento de las propiedades ejecutadas estaban desocupadas al momento de la venta judicial, un dato que trae a colación la Asociación de Banqueros Hipotecarios. Si se trata de segundas viviendas, si pertenecen a dueños que se han ido del país o que simplemente las dejan porque no pueden pagarlas, es un tema en el que vale la pena profundizar.

En sentido contrario se mueve, aunque muy lentamente, la tasa de morosidad en los pagos hipotecarios, que fue de 12 por ciento de enero a marzo de este año. Aunque elevada, es la cifra más baja desde 2010, cuando llegó a un 18 por ciento.

La Ley de Mediación es una iniciativa meritoria que busca evitar que este nivel de endeudamiento. Sin embargo, una serie de lagunas desalientan su uso. Entre ellas, que para acudir a la mediación el deudor tiene que haber contestado la demanda de ejecución hipotecaria y deficiencias en la orientación sobre el uso de este instrumento de negociación extrajudicial.

No se trata de asuntos complicados, pero pueden hacer una gran diferencia para aquellos que carecen de medios para contratar abogados o de información sobre la posibilidad de negociar rebajas en la mensualidad para conservar la vivienda. 

Está en manos de la Asamblea Legislativa y del Gobernador dotar a las leyes vigentes de más recursos en beneficio del consumidor, los que además promueven una cultura de solución de conflictos en forma negociada y de buena fe.

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