💬 0

La AEE necesita el pase hacia su revitalización

Uno de los pilares de la recuperación económica del País es un sistema eléctrico estable y confiable y, para alcanzarlo, la Autoridad de Energía Eléctrica debe emprender prontamente la reestructuración de su deuda junto a sus planes de modernización y mejoras al servicio.

Por ello es tan importante la certificación, por parte de la Junta de Supervisión Fiscal, del acuerdo logrado con la mayor parte de los bonistas de la empresa gubernamental. Ratificar el Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración abrirá nuevamente las puertas al financiamiento para obras de infraestructura, mejorar sus operaciones, desarrollar fuentes renovables de energía y, a fin de cuentas, a la sostenibilidad.

Por el contrario, las consecuencias de rechazar dicho entendimiento serán negativas para los 1.4 millones de abonados de la corporación pública y para el País.

Este arreglo, el primero logrado entre una de nuestras empresas públicas y los bonistas, sirve como modelo de renegociación para otras corporaciones y el Gobierno central. La deuda englobada asciende a cerca de $70,000 millones, suma que las entidades gubernamentales no están en condiciones de pagar, lo que ha causado el impago y la pérdida de confianza de los mercados en el Gobierno de Puerto Rico.

El acuerdo logrado por la Autoridad demuestra la capacidad de llegar a arreglos de mutua conveniencia sin necesidad de incoar demandas en los tribunales. Energía Eléctrica logró los términos para cumplir sus obligaciones de $9,000 millones mediante negociaciones consensuales, después de tres años de conversaciones con sus acreedores. Estos incluyen al Grupo Ad Hoc de Bonistas, los proveedores de las líneas de crédito de combustible, las aseguradoras monolínea y el Banco de Desarrollo Económico.

La ausencia de un acuerdo de reestructuración causará atrasos innecesarios en los planes de recuperación de la Autoridad. Ello afectará nuestra capacidad de recuperación como País y a la población que ya paga aquí más por la energía eléctrica que en Estados Unidos.

La versión del acuerdo ante la Junta pasó por el cedazo de dos administraciones de Gobierno de visiones distintas. De no prevalecer, la AEE tendría que acogerse al Título III de PROMESA, que establece para Puerto Rico un proceso equivalente al de quiebra federal y protege a las entidades gubernamentales en bancarrota de demandas millonarias. Entre ellas figuran la Autoridad de Carreteras y el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno, que no han logrado renegociar sus obligaciones.

Comenzar a realizar nuevas rondas de discusiones y volver a traer datos y proyecciones a la discusión, esta vez ante el Tribunal Federal, implican retrasos respecto a lo alcanzado.

La Administración del gobernador Ricardo Rosselló calcula que las modificaciones renegociadas con los bonistas representarían ahorros de $2,200 millones en el pago del servicio de deuda entre 2018 y 2022, en comparación con los términos originales del acuerdo. De igual forma, estima que los términos renegociados acarrean reducciones en la factura eléctrica por aproximadamente $90 millones por los próximos cinco años.

Sin el acuerdo, se dilata la inversión en mejoras a la debilitada infraestructura eléctrica, y se asoma la posibilidad de aumentos que sobrepasen los contemplados. Son precisamente estos altos costos de la energía eléctrica los que más golpean al ciudadano, al comercio y la industria. En suma, inhabilitan a Puerto Rico para atraer capital, crear avenidas de desarrollo económico y competir en la economía global.

Los lineamientos para la reestructuración de la deuda y la recuperación de las finanzas de la AEE están en el acuerdo. Con el apoyo de los organismos que velan por la recuperación del País y con voluntad propia, la Autoridad puede volver a ser motor central de nuestro progreso.

💬Ver 0 comentarios