La iniciativa de formar una Agenda Nacional Puertorriqueña que mueva las esferas de poder estadounidense a atender los asuntos medulares de la diáspora y de Puerto Rico, es un paso acertado hacia el fortalecimiento de la influencia boricua para, entre otros, asegurar que la implementación de la Ley Promesa coloque el bienestar de Puerto Rico en el mapa de prioridades.