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La respuesta federal a la devastación será crucial

El grupo integrado por miembros del importante Comité de Asignaciones de la Cámara será guiado por la comisionada residente en Washington D.C., Jenniffer González, por zonas de la isla que mostrarán los estragos causados por el temporal en la infraestructura, la salud y la seguridad ciudadana.

EDITORIAL: Federalresponse to devastation will be crucial

Destaca la labor de la comisionada en la gestión para hacer conscientes a la Casa Blanca, al gabinete del presidente Donald Trump y a los altos mandos del Congreso, de las condiciones en que se encuentra la isla. Desde su nicho en el Congreso, la funcionaria se ha abierto espacio en el complicado ambiente político de Washington. Lo ha hecho en un período sumamente difícil pues la emergencia causada por María ha agravado la crisis fiscal y el estancamiento económico que  padecía la isla.

La comisionada merece todo el respaldo para seguir abogando por la  meritoria causa puertorriqueña en la esfera federal.

Al presente cerca del 82% de la población carece de servicio eléctrico, el 50% de telecomunicaciones y el 38% de agua potable. Además, alrededor de 3,000 incidentes, entre inundaciones, derrumbes y deslizamientos, han dejado trunca buena parte de la red de carreteras y puentes.

El pronóstico de la Autoridad de Energía Eléctrica es que para noviembre podrá llevar electricidad al 25% de sus abonados, y la casa acreditadora Moody’s estima que 100 mil casas fueron destruidas por el fenómeno ciclónico. Un alto número de refugiados permanece en 108 albergues; los brotes de enfermedades contagiosas amenazan a la población; y los hospitales están casi al límite.

Esperamos que la información de primera mano que reciban Ryan y su comitiva bipartita les sirva de estímulo y documentación para adelantar los proyectos de ayuda a Puerto Rico en el Congreso. Como cuerpo con jurisdicción primaria sobre el presupuesto federal, su evaluación de los daños que han trastocado la vida y la economía insular será determinante a la hora de hacer justicia en la distribución de fondos para la recuperación del fenómeno climático más destructivo en un siglo.

La presencia de estos legisladores en la isla se da en el marco de la aprobación ayer por la Cámara de $36 mil millones dirigidos a atender principalmente los estragos causados por los huracanes Irma y María en el agro, el turismo, la actividad industrial y comercial, y los modos de vida de los puertorriqueños, a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y otras entidades federales.

El proyecto que pasa ante la consideración del Senado hace un reconocimiento implícito a la falta de liquidez del gobierno de Puerto Rico al incluir $4,700 millones para dar continuidad a las labores de limpieza, energización de estructuras vitales y otras propias de las primeras etapas de respuesta a la emergencia. Junto a los trabajos encaminados por FEMA, las fuerzas armadas han sido clave en la distribución de combustible y provisiones.

Estas ayudas, altamente meritorias, son sin duda temporeras. Fueron concebidas para atender situaciones de emergencia, como las que recientemente han sufrido también Florida y Texas ante los embates de los huracanes Harvey e Irma, lo que es preciso recordarle al presidente Trump.

Precisamente debido a esta transitoriedad es que hace falta la aprobación de un paquete de financiamiento para la estabilización y reconstrucción de Puerto Rico con el respaldo del gobierno federal. Levantar la economía insular bajo nuevos paradigmas de gobernanza y modelos de sostenibilidad requiere de ese espaldarazo, que no es una dádiva. Confiamos en que la delegación que hace acto de presencia solidaria en la isla así lo entienda, para beneficio de los 3.4 millones de habitantes de Puerto Rico.

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