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La violencia debilita el reclamo por los derechos

La libertad de expresión, que incluye la legítima facultad de manifestarse, es un derecho protegido por nuestra Constitución, así como por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, lo que nos obliga a todos los ciudadanos, independientemente de las diferencias en creencias, a respetar las expresiones ajenas.

Por ello, reiteramos nuestro mayor respeto a la protesta pacífica, que es parte esencial del derecho a la libre expresión, del mismo modo que condenamos el uso de la violencia que persigue imponer a la fuerza las ideas de unos sobre los otros.

Defendemos el derecho de los ciudadanos a acceder al Capitolio, y le recordamos al liderato legislativo que en ese recinto se discuten y aprueban las leyes que rigen al País y que nuestra propia Constitución dicta que el poder político está subordinado a la voluntad ciudadana.

Los padres de nuestra Constitución consignaron en el preámbulo de ese documento su fe en el sistema democrático, al que declararon “fundamental para la vida de la comunidad puertorriqueña”.

“Entendemos por sistema democrático aquel donde la voluntad del pueblo es la fuente del poder político, donde el orden político está subordinado a los derechos del hombre y donde se asegura la libre participación del ciudadano en las decisiones colectivas”, escribieron los firmantes de nuestra Carta Magna.

Por lo tanto, sostenemos que la Casa de las Leyes debe permanecer abierta a la ciudadanía sin necesidad de que los tribunales tengan que intervenir, como ocurrió el martes durante la discusión y eventual aprobación de una medida que deroga la ley que creó la Comisión para la Auditoría de la Deuda.

Debemos advertir, sin embargo, que cualquier acto de violencia o de vandalismo, como los que aparentan haber ocurrido ese día en los predios capitolinos, atenta precisamente contra el derecho de todos a expresarse libremente y pone en peligro las vidas de muchos inocentes.

La violencia verbal y/o física tiene como consecuencia, asimismo, el debilitamiento de la causa por la que se pretende protestar y conduce inevitablemente a la derrota de la sensatez y el buen juicio que deben prevalecer por encima de la acción de una u otra parte.

Debe tenerse muy presente también que, de probarse en un tribunal, cualquier delito de violencia, ello repercutiría sobre la vida de la persona que haya infringido la ley y puede causarle daño irreparable a su futuro.

Instamos a todos los participantes en la protesta del martes en el Capitolio a ejercer al máximo el derecho que les asiste en un sistema democrático a ser escuchados, pero siempre mostrando respeto y deferencia hacia las ideas de otros. Extendemos también esta exhortación a los legisladores, tanto de mayoría como de minoría, así como al Ejecutivo.

Los problemas apremiantes de Puerto Rico no pueden resolverse con violencia, sino mediante el diálogo constructivo. Lo seguiremos repitiendo cuantas veces sea necesario porque mantenemos firme nuestra fe en la capacidad de comprensión y de superación de nuestras dificultades con la participación de los ciudadanos.

Los tiempos difíciles que nuestro País atraviesa conllevan la toma de decisiones que afectarán a los distintos sectores poblacionales. Reclamar los derechos que asisten a cada uno de esos grupos requiere colocar la energía en diálogos y propuestas constructivas.

Nos corresponde a todos, gobierno y ciudadanía, propiciar un clima de sensatez y armonía en la búsqueda común de soluciones que conduzcan finalmente a la Isla a la recuperación fiscal y económica.

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