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Los incentivos son clave en el impulso económico

La efectividad demostrada por las leyes 20 y 22 de 2012, diseñadas para atraer inversiones de negocios, refleja que Puerto Rico ha encontrado un camino idóneo para seguir creando empleos de calidad en el área novedosa de servicios de exportación.

Lo que eso significa es que el País tiene que continuar explorando oportunidades en el renglón de incentivos, aprovechando la buena fama alcanzada con el éxito de los dos estatutos mencionados.

La búsqueda de nuevos programas de incentivos como los que ofrecen las leyes 20 y 22 es una tarea continua que no debe abandonarse al inicio del nuevo cuatrienio pues Puerto Rico está en posición de ofrecer condiciones altamente atractivas para la inversión.

El programa existente es una herramienta de enorme potencial para mejorar la economía, que necesita que se creen más iniciativas de incentivos para negocios en ruta a la recuperación.

El potencial de crecimiento lo demuestran los resultados obtenidos con las leyes 20 y 22, que han creado entre ambas más de 12,000 empleos, con una inversión conjunta de sobre $400 millones, según un estudio.

Además, como se ha indicado anteriormente, las compañías que operan bajo estas leyes están ofreciendo más de 300 oportunidades de empleo a profesionales en distintas áreas, lo que representa oportunidades adicionales de crecimiento.

Es alentador que el estudio proyecte que los incentivos ofrecidos por estas leyes crearían 45,000 empleos en 20 años.

Hasta el año pasado, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio había emitido 574 decretos de exención bajo la Ley 22, así como otros 360 bajo la Ley 20.

Los impuestos pagados en la Isla por empresas de servicios instaladas bajo la Ley 20 ascendían hasta 2015 a más de $57 millones. Los inversionistas acogidos al programa no pagan contribuciones federales.

Clave en el éxito de la ley 20 es que ofrece una tasa contributiva fija de 4% a negocios elegibles y un 100% de exención contributuva sobre los dividendos provenientes de negocios de servicios de exportación que sean elegibles, entre otros beneficios.

La ley 22, en tanto, le da 100% de exención contributiva a nuevos residentes de Puerto Rico sobre determinados ingresos provenientes de dividendos e intereses, y también sobre toda ganancia de capital a largo plazo obtenida después de convertirse en nuevo residente.

Como indica el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Alberto Bacó, lo que este programa de incentivos representa es que ahora hay 600 nuevas compañías exportando servicios desde Puerto Rico hacia el mundo, con el resultado de que promueven a la Isla y atraen nuevos inversionistas interesados en obtener beneficios similares.

Contrario a la industrialización de la segunda mitad del siglo 20, según explica Bacó, este tipo de programas no requiere una gran inversión del gobierno porque son sus resultados en el exterior los que atraen a los inversionistas.

En aquellos tiempos,el gobierno promovía la apertura de fábricas con muchos empleados que respondían a un gerente general local, pero los dueños, los inversionistas, los empresarios, no se mudaban a Puerto Rico y “el día que querían cerrar esa fábrica, la cerraban y se la llevaban”.

Las ventajas competitivas de Puerto Rico siguen siendo evidentes para los ciudadanos de Estados Unidos, aunque el programa también ha atraído inversionistas de otros países.

Apoyamos la permanencia de las leyes 20 y 22 y exhortamos a las autoridades a adoptar nuevos programas de inventivos que resulten en herramientas adicionales de crecimiento económico.

Puerto Rico no debe abandonar una fórmula que está demostrando ser exitosa y esperanzadora de cara al futuro.

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