El recorte federal que dejaría a la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico sin más de dos tercios de su presupuesto operacional constituye una amenaza grave que exige del Gobierno de Puerto Rico, en particular de la Legislatura, un urgente sentido de prudencia fiscal y responsabilidad social que asegure la protección de derechos civiles de las poblaciones vulnerables.
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Los recursos del pueblo deben servir a la justicia
Nota de archivo
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