El gobierno de Puerto Rico debe desistir del peligroso y obstructivo empeño de incluir los bonos de obligaciones generales (GO, en inglés) en el multimillonario paquete de deuda pública que pretende renegociar; de no rectificar, seguramente chocará con la oposición de los bonistas y con un oneroso escenario de flagrante violación constitucional.