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Rigor y celeridad en caso del alcalde de Guaynabo

Ante la Oficina del Panel para el Fiscal Especial Independiente está la ineludible y urgente tarea de determinar si procede o no la destitución administrativa de Héctor O’Neill como alcalde del Municipio de Guaynabo, cargo al que el funcionario está aferrado desde marzo, cuando trascendió que pagó para transar reclamaciones por hostigamiento sexual.

Esa importante labor está en las manos de la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD), la cual puede tomar acciones administrativas contra los funcionarios, incluida la destitución.

La potestad que la ley le confiere a la UPAD se hace más urgente tras la reciente designación de dos fiscales especiales independientes para investigar si se deben someter cargos criminales contra el ejecutivo municipal.

El alcalde ha reconocido que transó una querella de hostigamiento presentada en la esfera federal por una policía municipal de Guaynabo, y que pagó una compensación de $350,000 a la mujer y a su esposo. Tras hacerse público el caso, surgieron informaciones que lo señalan por otros comportamientos indebidos.

El análisis de la UPAD es independiente de la pesquisa que realizan los fiscales especiales independientes que recomendarán al Panel del FEI si procede procesar criminalmente a O’Neill.

A la luz de la resolución de la Oficina del FEI, los delitos que O’Neill pudo haber cometido son de la más alta gravedad: acoso sexual, exposiciones obscenas, aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos, impedimento o persuasión de incomparecencia de testigos, maltrato mediante restricción a la libertad, agresión sexual conyugal, y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

El País debe confiar en la encomienda que los exjueces que integran el Panel le han extendido a los fiscales especiales Guillermo Garau Díaz y Leticia Pabón Ortiz, así como en la investigación separada de la UPAD.

Esperamos de la investigación de estos fiscales, la celeridad y el rigor correspondientes a las pesquisas de ley y orden, en el marco de la presunción de inocencia que ampara a toda persona investigada. El alcalde debe tener oportunidad de defenderse ante el FEI como antes lo hizo ante los fiscales del Departamento de Justicia.

La Oficina de Ética Gubernamental investiga por separado a O’Neill en relación a sus informes financieros, y le concedió hasta el 30 de mayo para que presente el informe correspondiente a 2016.

Como siempre lo hemos hecho, reiteramos que la impunidad no es opción en nuestro estado de derecho. La actuación de todo funcionario público, sea elegido o designado, está sujeta siempre a escrutinio. A cada uno le toca responder por sus actos, como el resto de los ciudadanos.

El gobernador Rosselló Nevares, jefe político de O’Neill, le ha pedido la renuncia públicamente, a lo que el ejecutivo municipal ha hecho caso omiso. Es la misma actitud que el veterano ejecutivo municipal ha observado ante el reclamo público de que su permanencia a la cabeza de la importante ciudad de Guaynabo es una afrenta gravísima, que se suma a la ofensa dolorosa que sienten las mujeres y los hombres que se solidarizan con las trabajadoras abusadas.

Insistimos en que la seriedad del caso impone a las distintas autoridades la obligación de actuar con premura, con el mayor apego a la prueba, de manera que se le haga justicia.

Al margen de las investigaciones en curso, el alcalde ya ha debido abandonar el puesto. Los actos admitidos al pagar para poner fin a reclamaciones de hostigamiento sexual, violentaron la confianza que el pueblo le confirió al elegirlo. Es insostenible esta actitud de impunidad que humilla la decencia del pueblo de Guaynabo y de todo Puerto Rico.

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