La anunciada liberación, a partir del 30 de este mes, de unos 6,000 reclusos de cárceles federales -500 de ellos sentenciados en Puerto Rico- ofrece a nivel local una nueva oportunidad de deliberar, con datos y profundidad, sobre cuál debe ser la meta del sistema de corrección y rehabilitación con aquellos convictos con penas menores que no representen un peligro para la sociedad.