Los nuevos hallazgos sobre el contrato arrendamiento por $4.1 millones otorgado por el Departamento de Transportación y Obras Públicas a personas unidas por fuertes lazos a las finanzas del partido de gobierno, obligan a una investigación con sentido de urgencia que no debe soslayarse, incluyendo la pronta fijación de responsabilidades, si así lo dictan los resultados de tal pesquisa.