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Urge acción federal para lograr la recuperación

La profunda destrucción en la que el huracán María ha sumido a Puerto Rico hace necesario que el gobierno de Estados Unidos viabilice mecanismos extraordinarios de estabilización, de manera que la isla pueda colocarse en posición para emprender su reconstrucción.

En ese sentido, coincidimos con las declaraciones del presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, Rob Bishop, en torno a la necesidad de que el Congreso atempere la ley PROMESA a la realidad de sobrevivencia extrema que la isla sufre. Así realmente será un vehículo para la recuperación.

En línea similar se ha expresado el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, José Carrión III, en cuanto a reexaminar el papel que en esta coyuntura debe tener el organismo y la viabilidad del plan fiscal a diez años aprobado previo a los huracanes Irma y María.

Antes de estos eventos ciclónicos la isla tenía serios problemas de infraestructura y crédito, además de una severa iliquidez financiera. Estos factores, sumados al agudo endeudamiento, se traducían en estancamiento económico. Con el azote de la naturaleza se han agravado y demandan nuevas estrategias y soluciones.

De entrada, al presente no resulta viable implantar las medidas de austeridad contempladas en el plan fiscal, tales como una reducción en la jornada laboral. De ello ha tomado nota la propia Junta de Supervisión Fiscal.

Puerto Rico tiene primero que atender lo inmediato, en especial el colapso severo de la infraestructura vial, de telecomunicaciones, de agua potable y electricidad que detiene la reactivación comercial, industrial y gubernamental. De ello depende la vuelta a los centros de trabajo y educativos, y el regreso a una nueva normalidad que viabilice la recuperación.

Ante el Congreso hay una medida dirigida a destinar $29,000 millones a los estados y territorios afectados por los huracanes Harvey, Irma y María. Es una buena iniciativa. No obstante, la devastación de Puerto Rico tiene caracteres únicos que demandan una intervención única. Ciertamente abarca a los 3.4 millones de habitantes de la isla, cuya condición geográfica obliga a que la ayuda sea importada por aire y mar.

Entre las alternativas para atender lo más urgente está un financiamiento interino, provisto por el Departamento del Tesoro, la Reserva Federal o una combinación de ambos. También debe evaluarse recurrir nuevamente al mercado de valores, esta vez con el aval de Congreso debido a la precariedad crediticia de la isla.

Gestionar el acceso a estas opciones demanda una acción rápida y decidida del gobierno de Puerto Rico en la preparación de un plan que describa las necesidades apremiantes que se atenderían con el financiamiento y las responsabilidades que el país debe asumir. Convencer a los congresistas de su aprobación requiere que el plan esté estructurado con objetivos claros y realizables, así como condiciones de cumplimiento basadas en ejecuciones realistas.

El diseño y la puesta en vigor de un plan de sobrevivencia no distancia a Puerto Rico de su deuda de sobre $70 mil millones. Para atender esta responsabilidad ya se encaminó un proceso judicial bajo el Título 3 de la ley PROMESA. Confiamos en la sabiduría del Tribunal Federal y de la jueza Laura Taylor Swain para atemperar este complicado proceso a la realidad del país tras el azote ciclónico.

María marcó un antes y un después para Puerto Rico, que ha quedado como un paciente en estado crítico que debe ser estabilizado antes de emprender su completa recuperación.

El marco jurídico para una recuperación rápida radica en una ley PROMESA revisada a tono con las críticas circunstancias actuales, y en el plan fiscal ajustado a las necesidades de estabilización y las metas de la reconstrucción.

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