Las autoridades de salud mental en Puerto Rico están obligadas a acabar de inmediato con las condiciones de corte infrahumano y la limitación de recursos médicos en el Hospital de Psiquiatría Forense de Ponce, que obstaculizan la efectividad de los tratamientos diseñados para la recuperación de este importante aspecto de la salud, y la eventual rehabilitación social, de personas sospechosas de haber cometido delito.