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26 de enero de 2013
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Peligran plazas federales por la APP

Unionados no saben qué suerte correrán con la APP

 

Por Joanisabel González / joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com

La privatización del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (AILMM) podría dejar en la calle a unos 200 empleados federales, denunció el líder de la Federación Americana de Empleados de Gobierno (AFGE, por sus siglas en inglés) en Puerto Rico, Alejandro Alvelo.

Según Alvelo, el despido de los empleados federales se produciría una vez el operador, Aerostar Holdings, agrupe los puntos de cotejo e inspección de equipaje en un solo punto en el aeropuerto.

“Si la línea de espera (en el puesto de cotejo) toma unos 30 minutos, prepárense para tener que esperar una hora”, dijo Alvelo, quien labora para la Administración de la Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

Anteriormente, Aerostar reveló que cerrará los terminales D y E del aeropuerto y centralizará en un solo lugar el cotejo de pasajeros y equipaje. Al presente, hay tres puntos de cotejo en el AILMM.

Agregó que la cantidad de puestos federales en peligro podría ser mayor a 200, pues otras agencias federales también realizan labores de apoyo en el AILMM. Entre estas, el Departamento de Agricultura, el Servicio de Aduanas e Inmigración y la Patrulla Fronteriza.

Según el delegado de la AFGE para Puerto Rico y el Caribe, a la fecha ningún oficial del Gobierno o representante de la empresa se ha reunido con el gremio.

En ese sentido, Alvelo criticó al gobernador Alejandro García Padilla al señalar que este procuró asegurar los empleos de concesionarios privados, mas no los de empleados federales que prestan servicios en el AILMM.

La AFGE –que agrupa a unos 670,000 empleados federales, incluyendo a unos 1,500 en Puerto Rico y el Caribe– se opuso a la privatización del AILMM durante el proceso de comentarios que estableció la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) para evaluar la petición de Puerto Rico, y ha hecho lo propio en otros frentes.

A principios de este mes, su cabildeo opositor logró que la junta de supervisores del condado de Sacramento en California desistiera de privatizar ese aeropuerto.

Según Alvelo, aparte de la pérdida de empleos, la principal razón para oponerse a los intentos de privatización que impulsa el liderato republicano congresional en el caso de la TSA es que los operadores privados pagan salarios más bajos una vez los empleados federales son despedidos.

“Si se privatiza el aeropuerto, eso da pie para que luego TSA privatice el registro de pasajeros”, dijo Alvelo.

“La empresa viene buscando un salario. A los empleados de TSA se nos adiestró para cumplir con una misión de proteger la nación”, sostuvo.

Subrayó que la situación también podría afectar a empleados federales aeroportuarios en Aguadilla, Ponce e Islas Vírgenes, pues los estimados de crecimiento de pasajeros propuestos de Aerostar son tan ambiciosos que solo podrían lograrse restando pasajeros de esos otros aeropuertos.

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