El DTOP tuvo que subcontratar empresas tras el despido de empleados con la Ley 7
Por Aurora Rivera Arguinzoni/ arivera@elnuevodia.com
Luego de haber despedido empleados por mandato de la Ley 7 de Estabilización Fiscal, el Departamento del Transportación y Obras Públicas (DTOP) ha subcontratado los servicios de personas con menos experiencia para realizar sus labores y manejar la información personal de los conductores.
Así lo aseguró ayer Sandra Pacheco, presidenta del grupo de empleados de oficina del DTOP que pertenecen al sindicado Servidores Públicos Unidos (SPU). Por años, los servicios que el DTOP provee a través de sus Centros de Servicio al Conductor (CESCO) han confrontado deficiencias, como interrupciones en su servicio de informática y la falta de notificaciones por correo, que obligan a los ciudadanos a llegar hasta estas oficinas para realizar gestiones. La última escalada en este tipo de incidente fue este mes, al punto que el DTOP ayer tuvo que extender hasta el sábado el período para renovar licencias y marbetes que vencen hoy.
“Desde el año pasado traen personas que no son debidamente adiestradas a gravar multas en licencias, emitir notificaciones y otros. Ellos cometen los mil errores y el empleado regular se tarda más en dar servicios cuando encuentra las irregularidades”, alegó Pacheco.
La líder obrera alertó sobre lo delicado que es el trabajo en los CESCO, donde se maneja información confidencial de personas de todas las edades pues, además de generar documentos de conductores, en los últimos años se les ha delegado la emición de trajetas de identificación para menores, personas de mayor edad, con impedimentos, no conductores y hasta las licencias de vehículos públicos.
“Esa es la única fuente que tenemos de tener un ID (identificación), es sumamente peligroso”, advirtió sobre el posible manejo inadecuado del servicio.
En meses recientes el DTOP también fue señalado por el hallazgo de miles de documentos sensitivos -como planos del Tren Urbano y documentos personales- abandonados en un edificio al que cualquiera podía tener acceso. Incluso autoridades federales intervinieron entonces.
Pacheco también opinó que el caos en los CESCO podría responder a una estrategia para justificar la privatización de sus servicios.
“(Los trabajadores) hemos hecho lo indecible para que los CESCO funcionen porque sabemos la intención de privatizarlo”, sostuvo.
