Nueva ley permite nombrar de antemano a quien vele por los intereses de personas con incapacidades
Por Aurora Rivera Arguinzoni/arivera@elnuevodia.com
Las personas en Puerto Rico, particularmente las de mayor edad, tienen una nueva garantía en ley que les permite desde el pasado 18 de enero decidir quién les represente en el momento en que les afecte algún tipo de incapacidad, sin que su voluntad pueda ser revocada al perder sus capacidades mentales.
El anuncio fue hecho esta mañana por el licenciado Osvaldo Toledo, presidente del Colegio de Abogados, cuya Comisión especial sobre los derechos de las personas de mayor edad fue la gestora del proyecto convertido en la Ley 25 del 18 de enero de 2012.
“Permite y reglamenta un nuevo tipo de poder, denominado poder duradero, para que las personas, en pleno uso de sus facultades mentales puedan tomar esa decisión”, expuso Toledo.
Se aclaró que hasta el momento si alguien designaba mediante “poder” notarizado a una persona de su confianza para que velara por sus bienes en caso de que fuera necesario, dicho poder podía ser anulado si perdía sus facultades mentales, por ejemplo, por un diagnóstico de demencia, Alzheimer o algún accidente. Con el “poder duradero” ya no será así.
“Antes de esta ley se hacía casi imposible para cualquier persona planificar de antemano cómo se le cuidaría en las condiciones de salud antes descritas. Aunque ejerciera esta precaución y otorgara un poder ante notario, la validez del poder otorgado podía ser cuestionada y dada por terminada”, recalcó la licenciada Helga Pérez Ríos, presidenta de la Comisión.
El poder duradero debe ser oficializado ante un notario público, que antes tendrá que proveer al ciudadano que lo otorga y a quien lo acepta o apoderado todas las implicaciones del mismo. El texto del poder deberá ser lo más específico posible en cuanto a los bienes y el alcance de las potestades que se le darán a quien recibe el poder duradero. El costo de este trámite puede comenzar en los $150 y su monto total variará en cada caso.
“Aceptar una responsabilidad como la que impone este poder duradero es un acto de desprendimiento porque esta es una posición muy vigilada”, reconoció la licenciada Rosabel Vélez.
Explicó que tendrá que formar inventario de los bienes, rendir cuentas y estará sujeto a penalidades si se prueba que incumplió con el poder. Si cobrará o no por asumir tal responsabilidad es algo que deberá especificarse también en el texto del poder, pero según se indicó lo usual es se haga gratuitamente por el afecto o aprecio que se tiene hacia quien lo otorga.
