Nueva ley permite a los municipios expropiar propiedades inmmuebles declaradas estorbo público
Por Yaritza Santiago Caraballo ysantiago1@elnuevodia.com
Se les ve en todos lados. En barrios, avenidas, urbanizaciones. Su estado de deterioro y abandono preocupa a los ciudadanos que viven cerca. No son habitables, pero los deambulantes, malhechores y hasta las sabandijas los invaden haciendo de ellos su hogar. Se trata de los estorbos públicos.
Un estorbo público es cualquier estructura de vivienda, comercial, edificio o solar abandonado que su deterioro sea perjudicial a la salud, a la seguridad, y al ambiente. Es aquello que estorba el bienestar de un vecindario, o ilegalmente obstruye el tránsito.
No hay un registro central que documente cuántos estorbos públicos en total hay en la Isla. Cada municipio tiene sus casos, y según varios alcaldes consultados hay una alta proliferación de estorbos.
"Los estorbos públicos es un problema para la comunidad y son los alcaldes los que tenemos que bregar con eso. Necesitamos más herramientas porque la comunidad quiere que los municipios actúen rápido con las propiedades abandonadas", sostuvo el alcalde de Toa Baja, Aníbal Vega Borges.
Con ese objetivo ya existe una nueva herramienta para acabar con los estorbos públicos. Se trata de una nueva ley, que firmada recientemente por el gobernador Luis Fortuño, permite a los municipios poder expropiar propiedades inmuebles que hayan sido declaradas estorbos públicos para ser transferidas a personas que quieran rehabilitarlas.
Esta ley es producto del proyecto cameral 3037 del representante José “Nuno” López. Este proyecto que ahora es ley faculta a los alcaldes a que puedan obligar a los dueños de las propiedades abandonadas a ponerlas en condiciones decentes, o venderlas, o darlas al municipio para que las venda y promover la rehabilitación de las comunidades.
“Queremos ayudar a los alcaldes puedan bregar con esta situación de los estorbos públicos, con estos elefantes gigantes que están dañando la calidad de vida de los barrios, de las comunidades”, dijo López.
Los problemas de herencia es una razón por la cual una estructura residencial se pueda convertir en estorbo público. También la crisis económica ha provocado que personas entreguen sus residencias al banco por no poder pagarlas, o les han sido ejecutadas. “Hay propiedades que la gente no puede pagar y se van. Otros vivían alquilado, se fueron y como el dueño no recibe la renta, no le mete chavo y la deja abandonar”, dijo el alcalde de San Juan, Jorge Santini.
Otras razones es que cuando muere el propietario y nadie está cargo de la propiedad ésta queda a merced del abandono, y hay casos en que familiares del difunto que o no tienen el dinero para reparar la estructura o no les interesa hacerlo, dijo por su parte, el alcalde de Bayamón, Ramon Luis Rivera, hijo.
Para el planificador José Santana, otra razón es que a medida que la población fue mermando en los centros urbanos quedaron muchas estructuras abandonadas y deterioradas.
Sea cual sea la razón, los estorbos son un dolor de cabeza para los ciudadanos por los problemas de sabandija y de seguridad que generan.
Una casa abandonada en la primera sección de Levittown en Toa Baja, por ejemplo, ubica cerca de una escuela elemental y en varias ocasiones personas que se esconden allí han tratado de robar los autos que se estacionan en el área, denunció Teresa Hoyo, principal de la Academia Espíritu Santo. El municipio declaró hace unos años esa estructura como un estorbo público.
Además, un estorbo público afecta el valor de las propiedades aledañas.
No obstante, con la nueva ley, los estorbos podrán ser expropiados y algunos reparados lo que será una oportunidad para darle un techo a personas que lo necesitan.